Inversión millonaria, control territorial y tecnología avanzada marcan la nueva ofensiva estatal frente a redes delictivas que operan en todo el país. Analistas añaden que también debería existir cambios en las normas y depurar las instituciones para resultados positivos.
Circunstancias
El Gobierno Nacional presentó una estrategia integral orientada a enfrentar el crimen organizado, con énfasis en el desmantelamiento de estructuras ilícitas, la incorporación de herramientas tecnológicas y el fortalecimiento del control territorial a escala nacional.
Para el año en curso, el Ejecutivo destinará cerca de USD 180 millones a proyectos estratégicos que contemplan la adquisición de helicópteros, radares, drones y un buque logístico, además de la modernización de los sistemas de vigilancia aérea, marítima y terrestre.
El abogado de los Tribunales de Justicia, Iván Roldán Rogel, afirmó a Diario Crónica que un mejor equipamiento, junto con tecnología adecuada, logística eficiente y operativos permanentes, permitiría reducir la inseguridad que afecta a la población. Sin embargo, recordó que inversiones previas en motocicletas, vehículos y aumento de personal no lograron frenar la criminalidad, además, pese al incremento del IVA en tres puntos (15%), factor que no generó el impacto esperado.
“Considero indispensable una ubicación estratégica de las Fuerzas Armadas, especialmente en cantones con mayor incidencia delictiva. También planteó el refuerzo de zonas aledañas ante posibles desplazamientos criminales y la ejecución de acciones continuas durante las 24 horas, con el objetivo de impedir reorganizaciones y represalias de los ciudadanos al margen de la ley”, añadió.
Por otro lado, el jurista y docente universitario Ramiro Tillaguango Girón en Crónica calificó como positiva la incorporación de medios logísticos, aunque subrayó la necesidad de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Constitución, principalmente en materia de prisión preventiva y medidas sustitutivas. A su criterio, vacíos legales facilitan la liberación de sospechosos, quienes reinciden con facilidad. Además, mencionó la urgencia de modernizar los centros de privación de libertad, debido a condiciones deficientes favorecen el accionar de bandas criminales.
En cambio, el exdocente jubilado Joffre Rojas Acaro añadió a Diario Crónica que debe existir un control más estricto del ingreso de extranjeros, porque existe participación recurrente de ciudadanos provenientes de países como Colombia y Venezuela en diversos hechos delictivos.
Respecto a la modernización del ECU 911, planteó la contratación de personal especializado y permanente para la atención de emergencias, así como una mejor articulación entre instituciones estatales, dado que el servicio actual presenta falencias que afectan la respuesta oportuna ante situaciones de riesgo.
La ciudadanía lojana también está expectante de los cambios que efectuará en materia de seguridad el Gobierno, ya que hechos alarmantes están sucediendo en la ciudad y provincia.(I).