La nueva Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad exige mayor participación laboral y estabilidad para grupos vulnerables; sin embargo, representantes del sector advierten incumplimientos en algunas instituciones públicas lojanas y retrasos en la actualización de normativas locales.

Circunstancias

La Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad, vigente desde el 03 de julio de 2025, establece garantías para la inclusión plena, igualdad de derechos y erradicación de toda forma de discriminación hacia ciudadanos con discapacidad, familiares y cuidadores. La normativa también fija responsabilidades para entidades públicas y privadas respecto al acceso laboral y estabilidad ocupacional.

Uno de los principales lineamientos contempla la inclusión laboral obligatoria. Las instituciones públicas y empresas privadas con 25 o más trabajadores deben incorporar al menos un 4% de personas con discapacidad cualquiera que esta sea dentro de su nómina permanente.

René Abad Albán, representante del Consejo de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad de Loja, manifestó a Diario Crónica que varias entidades estatales todavía no cumplen la disposición en su totalidad.

“Todavía falta actualizar normativas locales, especialmente ordenanzas municipales. En Loja aún persiste ese retraso”, afirmó.

El dirigente explicó que el porcentaje de inclusión laboral permanece intacto respecto a la legislación anterior. Por ejemplo, una entidad con 100 trabajadores debe contratar a cuatro personas con discapacidad; mientras que una institución con mil funcionarios tendría la obligación de incorporar a 40 colaboradores dentro de ese grupo prioritario.

En el sector privado, Abad Albán señaló un cumplimiento cercano al 80%, debido a que numerosas empresas ya aplicaban parámetros similares antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa.

Recordó que la legislación actual promueve oportunidades para todos los tipos de discapacidad; no obstante, deja a criterio de cada empresa la contratación según sus necesidades institucionales. “De acuerdo con el seguimiento realizado predominan trabajadores con discapacidad física, seguidos por personas con discapacidad visual y auditiva. En contraste, ciudadanos con discapacidad intelectual y psicológica continúan enfrentando mayores dificultades para acceder a plazas laborales”, afirmó.

Sustitutos

Otro de los cambios introducidos por la ley corresponde a la figura de sustitutos. Padres o madres pueden mantener esta condición hasta que el beneficiario cumpla 18 años; sin embargo, cuando la discapacidad supera el 75%, el derecho permanece vigente incluso en la mayoría de edad.

La normativa también modificó el porcentaje permitido de sustitutos dentro de las instituciones. Actualmente, únicamente el 25% de las plazas destinadas a inclusión laboral podrá corresponder a sustitutos. En términos prácticos, por cada cuatro cupos, tres deberán asignarse directamente a personas con discapacidad y uno a un familiar sustituto.

Cifras

En Loja, algunas instituciones ya superan el porcentaje exigido por la ley. La Prefectura cuenta con 778 funcionarios y mantiene en su nómina a 35 personas con discapacidad sea esta física, auditiva e intelectual distribuidas en áreas como vialidad, riego y producción, cifra superior a las 31 requeridas legalmente.

Además, poseen los accesos como ascensor y rampas para que este grupo prioritario realice sus actividades sin inconvenientes en la entidad. 

Por otra parte, la Gobernación de Loja registra alrededor de 150 trabajadores y posee tres funcionarios con discapacidad. La entidad también incorpora grupos de atención prioritaria, entre ellos mujeres embarazadas…

Mientras tanto, el Servicio de Rentas Internas (SRI) mantiene 95 empleados, de los cuales dos corresponden a personas con discapacidad y dos cumplen funciones bajo la figura de sustitutos.(I).

En la ciudad y provincia de Loja hay decenas de instituciones públicas, más del 50% no cumple con la ley de contar en su nómina personas con discapacidad.