El alcalde de Sozoranga, Orli Renán Flores, quien fue electo en 2023 con el auspicio del movimiento provincial Acción Regional por la Equidad (ARE), confirmó que su proyecto político participará en las próximas elecciones bajo el movimiento Avanza, luego de que no prosperara la inscripción del Movimiento Independiente Sozoranguense. La primera autoridad cantonal también se refirió a la situación económica del Municipio y a las medidas que ejecuta la administración para cumplir con la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Situación

En diálogo con Diario Crónica, Orli Renán Flores detalló que el Movimiento Independiente Sozoranguense no logró su calificación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a una observación relacionada con su denominación. Al reconocer el organismo electoral únicamente a movimientos y partidos políticos consolidados, le fue indispensable buscar una organización política que les permita la participación en los próximos comicios.

En cuanto a la situación del Municipio, aseveró que la principal dificultad continúa siendo el retraso en las transferencias de recursos por parte del Ministerio de Finanzas. No obstante, la administración mantiene activas diferentes gestiones para evitar la paralización de obras y garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios.

Sobre la vigencia de la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la preocupación por el impacto financiero, se mantiene. Ante este escenario, mese atrás el burgomaestre fue delegado por la Cámara Provincial de Loja para presentar un amicus curiae ante la Corte Constitucional, con el propósito de solicitar que la reforma fuera declarada inconstitucional o se modificaran sus efectos. Al no existir una resolución hasta el momento, los GADs están obligados a cumplir con las disposiciones vigentes.

Cabe recordar que en la reforma se encuentra la denominada regla 70/30, ordenando que el 70% del presupuesto municipal debe destinarse a inversión en obra pública, infraestructura, mantenimiento y servicios básicos, como agua potable, alcantarillado, saneamiento y vialidad; mientras que el 30% corresponde al gasto corriente, donde se incluyen remuneraciones y otros gastos administrativos. A su decir, ajustarse a estos rubros representa un desafío de gran magnitud para municipios pequeños como Sozoranga.

Como parte de la adaptación a este mandato legal, la administración ha aplicado estrictas medidas de austeridad. Las acciones incluyen la reducción de los salarios de las autoridades y directores departamentales, la salida de 10 trabajadores contratados, la ejecución de jubilaciones voluntarias y obligatorias, además del congelamiento de varias vacantes generadas por la salida de servidores municipales.

Actualmente, el ayuntamiento cuenta con poco más de 100 funcionarios, operando con 24 plazas de trabajo vacantes. Con estos recortes, la entidad se encuentra cerca de cumplir los porcentajes establecidos por la ley, con la meta de alcanzar el indicador antes de finalizar el año.

Las restricciones presupuestarias también han impedido el financiamiento de algunas actividades tradicionales. Un ejemplo de ello es la feria agropecuaria del 9 de julio, cuya reciente organización fue posible exclusivamente gracias al aporte de autoridades locales y colaboradores del sector privado.

El escenario a corto plazo exige resultados, pues de no cumplir con la regla presupuestaria al cierre del ejercicio fiscal, el Municipio podría sufrir recortes de fondos para 2027 y la administración quedaría susceptible a sanciones directas por parte de los organismos de control.