La Asamblea Nacional impulsa cambios en la Ley de Inquilinato, entre estos, limitar los depósitos exigidos por arrendadores y acelerarían la devolución de garantías. Mientras propietarios reclaman mayor protección frente a daños materiales. En Loja, un 50% de los contratos son escritos y notariados para mayor seguridad, otros en cambio solo son verbal. Los daños a bienes superan el 40%.

Propuestas

Los conflictos entre propietarios e inquilinos vuelven al centro del debate nacional. La Asamblea tramita una reforma integral a la Ley de Inquilinato, normativa vigente desde hace varias décadas, con el propósito de modernizar las relaciones de arrendamiento y corregir vacíos legales, entre estos, lo relacionado con los depósitos de garantía.

La iniciativa legislativa plantea un equilibrio entre los derechos de ambas partes. Por un lado, impediría exigencias económicas consideradas excesivas al momento de firmar un contrato; por otro, incorporaría un procedimiento más ágil para resolver controversias sobre la devolución del dinero al finalizar el arriendo, evitando procesos judiciales largos y costosos.

Preocupación

La propuesta genera opiniones divididas entre quienes viven del alquiler de inmuebles o dependen de esta actividad.

Mariana Espinoza, propietaria de un departamento en el norte de Loja, considera necesaria una regulación contra los abusos, aunque advierte posibles consecuencias para quienes arriendan viviendas.

“Entiendo que algunos dueños retienen el dinero con cualquier pretexto, pero limitar la garantía también nos deja vulnerables. El año pasado recibí mi departamento con tuberías rotas y paredes destruidas; las reparaciones costaron tres veces más que el depósito solicitado de USD 350. Si la ley reduce esa posibilidad de respaldo, tendré que seleccionar con mucho más cuidado a los futuros inquilinos”, manifestó.

Por su parte, Carlos Jaramillo, propietario de un inmueble residencial en el sur de la ciudad, sostuvo en Crónica que la principal dificultad radica en la lentitud de los procedimientos legales. “El problema no consiste en el monto de la garantía, sino en la demora para recuperar los daños ocasionados por un mal inquilino. Si la reforma incorpora un trámite rápido respaldado con facturas, representará un avance importante. Nadie quiere invertir meses en procesos judiciales para recuperar recursos destinados a reparar una vivienda, que al final no van a alcanzar”, afirmó.

En cambio, el abogado Ramira Ailón Camacho, especialista en Derecho Civil, explicó en Diario Crónica que la reforma intenta resolver un vacío histórico dentro de la normativa ecuatoriana.

“La Ley de Inquilinato vigente no establece como obligación la entrega de un depósito; todo depende del acuerdo entre las partes. El verdadero inconveniente aparece cuando surge un conflicto, porque reclamar la devolución mediante un juicio ordinario resulta costoso y poco proporcional frente al valor discutido”, explicó.

Según el jurista, la obligación de justificar cualquier descuento mediante facturas aportará mayor transparencia y evitará que la garantía termine convertida en un beneficio económico injustificado para el arrendador. No obstante, advirtió que el nuevo procedimiento también deberá proteger a los propietarios frente a inquilinos morosos o responsables de daños graves que en Loja superan el 40%, es decir, de 10 personas 4 devuelven las casas con afectaciones.

Además, indicó que la norma sino es bien analizada puede traer otras repercusiones, por cuando no habría control de los arriendos y precios del alquiler elevados.(I).

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), alrededor de 3 de 10 personas viven en casas arrendadas.