La sentencia del proceso judicial que enfrenta al ‘Consorcio Loja 2015’ con el Municipio de Loja aún está pendiente. La empresa constructora reclama casi USD 8 millones por presuntos incumplimientos contractuales durante la ejecución del proyecto Regenerar, mientras la ciudadanía está expectante del nuevo litigio.

Circunstancias

La ciudad de Loja permanece a la espera del fallo de la audiencia de juicio desarrollada la semana anterior dentro del proceso impulsado por el ‘Consorcio Loja 2015’ contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja.

La controversia gira en torno al contrato para la construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del casco urbano central de la ciudad. En su demanda, la contratista solicita que la justicia declare la existencia de un perjuicio económico derivado de modificaciones en la metodología constructiva, trabajos topográficos, elaboración de diseños, sobreexcavaciones, variaciones en rubros contractuales, reajustes de precios, costos generados por la suspensión de actividades, permanencia de personal y maquinaria, garantías bancarias, así como la reposición de elementos de regeneración urbana afectados por accidentes de tránsito, equipo para el procedimiento de recepción provisional, entre otros.

De acuerdo con la documentación presentada durante el proceso, el monto reclamado asciende a USD 6’964.689,76, más USD 113.724,34 correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), para un reconocimiento total de USD 7’078.414,09.

Según consta en el expediente, las partes mantienen conformidad respecto a esos valores, mientras la resolución definitiva permanece en manos de la autoridad judicial.

Cobro

El litigio se desarrolla en un contexto marcado por los cuestionamientos que ha acompañado al proyecto Regenerar desde su ejecución. A pesar de las dificultades técnicas, administrativas y contractuales registradas a lo largo de la obra, el cobro de la Contribución Especial de Mejoras (CEM) comenzó el 2 de agosto de 2021 para los propietarios de inmuebles ubicados dentro de las 170 hectáreas intervenidas. Posteriormente, desde abril de 2022, la obligación se extendió a los denominados beneficiarios globales.

La incertidumbre en torno al desenlace del proceso judicial mantiene la atención de la ciudadanía. Edgar Gonzaga, abogado en libre ejercicio expresó que existe preocupación de las posibles repercusiones financieras para el cantón. “Entre los habitantes persiste la expectativa de que una eventual sentencia no represente una nueva carga para las arcas municipales ni derive en mayores obligaciones económicas para los lojanos, quienes ya asumieron el financiamiento de una obra que, pese a su magnitud, continúa siendo motivo de controversia”, añadió.

Mientras tanto, desde la Municipalidad se informó que continúan en la defensa de este litigio y en los próximos días habrá una resolución.(I).