El Consejo de Comunicación reportó 88 alertas por obstrucciones al trabajo periodístico durante 2026, además, impulsa denuncias, asistencia psicológica y protección para comunicadores, mientras fortalece la autorregulación de los medios y promueve mayor acceso a la información para toda la ciudadanía.

Circunstancias

La protección al trabajo periodístico constituye una prioridad para el Estado ecuatoriano, al considerar que la libertad de expresión representa uno de los pilares fundamentales de la democracia. Bajo ese principio, el Consejo de Comunicación fortalece el Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico, instancia técnica creada mediante la Ley Orgánica de Comunicación en 2019 y reglamentada en 2023, tras el asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio.

Durante una entrevista concedida a Diario Crónica, el presidente del Consejo de Comunicación, César Martín, explicó que el mecanismo articula respuestas inmediatas frente a amenazas, agresiones u obstrucciones contra trabajadores de la comunicación mediante una coordinación permanente entre distintas instituciones del Estado.

“El sistema mantiene un monitoreo constante de redes sociales, medios de comunicación y denuncias ciudadanas. A partir de cada alerta, el personal técnico contacta al comunicador afectado, evalúa el nivel de riesgo mediante protocolos especializados y coordina acciones con entidades como el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral y la Cancillería, entre otras instituciones participantes”, dijo.

Cuando el riesgo proviene de grupos de delincuencia organizada o incluye amenazas graves, los protocolos contemplan medidas especiales, incluso el ingreso del comunicador al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, según la evaluación técnica correspondiente.

El presidente destacó que el financiamiento del mecanismo forma parte del presupuesto asignado al Consejo de Comunicación y al resto de instituciones participantes. Además, subrayó que únicamente el Estado posee la facultad constitucional para garantizar y tutelar los derechos de los trabajadores de la comunicación.

Cifras

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del trabajo desarrollado. Durante 2025, el organismo registró 180 alertas relacionadas con obstrucciones al ejercicio periodístico, de las cuales 162 correspondieron a trabajadores de la comunicación y 18 a medios informativos. En lo transcurrido de 2026, el sistema contabiliza 88 alertas reportadas, distribuidas entre 61 comunicadores y 23 medios de comunicación.

Como parte de las acciones ejecutadas en 2025, el Consejo impulsó 11 denuncias en representación de comunicadores, realizó seis seguimientos procesales y brindó 15 asistencias psicológicas. Durante 2026, la institución presentó dos denuncias ante la Fiscalía, efectuó tres impulsos procesales, facilitó el ingreso de dos periodistas al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos y coordinó cuatro asistencias psicológicas junto al Ministerio de Salud Pública.

El titular del organismo aclaró que la labor institucional difiere del trabajo desarrollado por los gremios periodísticos. Mientras las organizaciones profesionales acompañan y defienden los intereses de sus afiliados, aunque comparte ciertas acciones, el Consejo mantiene la responsabilidad de proteger los derechos vinculados al sistema de comunicación social, integrado por periodistas, medios informativos y ciudadanía.

“Dentro de ese propósito, la institución desarrolla una estrategia nacional para descentralizar sus actividades. El Pleno del Consejo, integrado por diez representantes del Estado, ciudadanía, gremios y medios públicos, privados y comunitarios, realiza sesiones mensuales en distintas provincias. Cada jornada incorpora capacitaciones dirigidas a periodistas y estudiantes de Comunicación, asistencia técnica para medios y reuniones con organizaciones locales”, afirmó.

Como parte del fortalecimiento institucional, el Consejo inauguró el Sistema Integral de Alertas, disponible en el portal institucional: www.consejodecomunicacion.gob.ec, herramienta que permite presentar denuncias desde cualquier provincia del país. El organismo garantiza contacto con el denunciante en menos de 24 horas para iniciar el proceso de protección correspondiente.

Además, anunció además el desarrollo de una aplicación móvil que facilitará denuncias inmediatas, incluso bajo modalidad anónima. Actualmente, la plataforma digital permanece en etapa de pruebas y entraría en funcionamiento durante los próximos meses.

Norma

Respecto a la Ley Orgánica de Comunicación, el presidente recordó que las reformas aprobadas en 2022 transformaron el modelo anterior de regulación y sanción hacia un esquema basado en la autorregulación de los medios de comunicación. En ese contexto, el Consejo asumió un rol preventivo y de acompañamiento institucional para fortalecer los mecanismos internos de cumplimiento.

“Los equipos técnicos visitan medios de comunicación en distintas provincias para recordar obligaciones contempladas en la normativa, por ejemplo, la protección de la identidad de niños, niñas y adolescentes mediante la difuminación de imágenes, además del correcto ejercicio de los derechos de rectificación y réplica, porque cualquier persona puede activar acciones legales sí se siente vulnerado. Paralelamente, la institución desarrolla jornadas de capacitación dirigidas a periodistas y personal audiovisual con el objetivo de prevenir incumplimientos legales”, añadió.

Otro de los ejes institucionales corresponde a la inclusión de personas con discapacidad en el acceso a la información. La entidad aprobó recientemente el reglamento que incorpora disposiciones relacionadas con lenguaje de señas en televisión y formatos accesibles, como el sistema Braille para publicaciones impresas. La normativa ya permanece vigente y contempla un período transitorio de aplicación entre 30 y 60 días, acompañado por una campaña nacional de socialización destinada a medios y periodistas.

Convocatoria

Finalmente, informó sobre la Tercera convocatoria para la conformación y elección de los miembros principales y suplentes del Consejo Consultivo del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, espacio contemplado en la normativa vigente y orientado a fortalecer las políticas públicas relacionadas con la comunicación social. La invitación permanece abierta hasta el 31 de julio para ciudadanos, organizaciones sociales, colectivos y representantes de diversos sectores interesados en participar dentro del proceso de construcción de lineamientos institucionales.(I).