La iniciativa del presidente de la República Daniel Noboa Azin de establecer la castración química obligatoria para personas condenadas por delitos de violación, desató un amplio debate jurídico y social en Loja, más aún porque en los últimos meses han sido detenidas personas vinculadas a estos casos.

Propuesta
La medida, presentada como una alternativa de mayor severidad frente a los delitos sexuales, busca, disminuir la reincidencia de agresores y reforzar la protección de las víctimas. No obstante, la propuesta enfrenta cuestionamientos relacionados con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, incluso de la Corte Constitucional.

Expertos en derecho sostienen que el debate no debe limitarse únicamente a la gravedad de los delitos sexuales, sino también a la compatibilidad de esta medida con el ordenamiento jurídico vigente.

El abogado lojano Andrés Girón, especialista en derecho penal, manifestó a Diario Crónica que la protección de los menores debe constituir una prioridad estatal; sin embargo, señaló que cualquier castigo debe someterse a un riguroso control constitucional.

“La pena impuesta a una persona condenada no puede vulnerar derechos fundamentales reconocidos por la propia Carta Magna”, expresó.

Por su parte, la abogada lojana Edilia Reyes, experta en derechos humanos, explicó en Crónica que la aplicación obligatoria de este procedimiento plantea una tensión entre la necesidad de garantizar seguridad ciudadana y los límites que posee el Estado al momento de imponer sanciones sobre el cuerpo de una persona sentenciada.
“Aunque estoy de acuerdo con este tipo de sanciones, porque a la víctima nada le devolverá la normalidad después de haber sido ultrajada, también existe el riesgo de que, ante una sentencia posterior que declare inocente al procesado, el procedimiento aplicado pueda dejar consecuencias irreversibles”, señaló.

Los especialistas coinciden en que la propuesta requiere un análisis profundo de experiencias internacionales, estudios sobre reincidencia criminal y estándares de protección de derechos humanos antes de convertirse en una norma vigente.
En Loja, la iniciativa genera opiniones divididas. Mientras algunos ciudadanos consideran que los delitos cometidos contra menores deben recibir sanciones más estrictas, otros advierten sobre la importancia de preservar las garantías constitucionales dentro de los procesos judiciales.

La ciudadana Claudio Guarnizo manifestó que, cuando se trata de niños, las penas deben ser más severas debido a las consecuencias permanentes que enfrentan las víctimas. “La justicia debe sancionar estos hechos, pero también garantizar que las leyes no permitan excesos ni errores que afecten derechos fundamentales”, afirmó.

También cuestionó que si la medida ayudaría a disminuir los altos índices de casos de naturaleza sexual existentes en la provincia de Loja.(I).

¿Qué es la castración química?
La castración química es un tratamiento médico temporal y reversible que usa medicamentos antiandrogénicos para bajar los niveles de testosterona, disminuir el deseo sexual y controlar los impulsos sexuales.

-Aplicación de la castración química, la ciudadanía debe aprobarla en una consulta o referéndum.