“Guerrilleros de Sabanilla”: cuatro décadas entre la ignominia y la impunidad

José Iñiguez Cartagena

Foto captada en los patios de la cárcel de Loja, muestra a los jóvenes detenidos en Sabanilla acusados de guerrilleros.

“Ciegos, obnuvilados, necios, los condenaron sin querer oírlos”, afirmaba en febrero de 1987, en la página editorial de diario Expreso de Guayaquil, el columnista José Guerra Castillo.

Son cuarenta años ya desde ese fatídico 29 de agosto de 1986. Era el gobierno de derecha de León Febres Cordero, registrado en la historia ecuatoriana como uno de los regimenes más autoritarios y represivos.

Un día antes, el jueves 28 de agosto, aproximadamente a las 18h20, un grupo de 35 jóvenes estudiantes secundarios y universitarios acampaba en el barrio Guineo Chico de la parroquia Sabanilla, perteneciente al cantón Celica de la provincia de Loja. Allí realizarían el III Campamento provincial de la Juventud, que profusamente y con mucha anterioridad, había sido convocado por los medios de comunicación locales, por la filial de Loja de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y el Comité de Loja de la Juventud Revolucionaria del Ecuador.

Los acampantes pasaron esa noche entre cánticos y la algarabía propia de la juventud, sus edades frisaban entre los 12 y 25 años, entre los cuales se encontraban dos mujeres: Nuvia y Myriam, esta última era menor de edad. Tras instalar su carpas y toldos, a orillas de la quebrada Quillusara, el descanso era prioritario luego de la agotadora caminata hasta llegar al sitio escogido.

El inicio de la pasadilla

Parte de los jóvenes detenidos en Sabanilla en una celda de la cárcel de Loja.

Ya el viernes 29 de agosto, desde muy temprano y luego de dividirse en grupos para realizar distintas faenas todos ocuparon su tiempo, incluido el estudio de la problemática educativa nacional y la situación económico-social del país. Aproximadamente a las 13h00, mientras se preparaban para el almuerzo, en la colina de enfrente y de manera furtiva, aparecieron dos hombres con vestimenta de los lugareños y que desaparecieron rápidamente, pero algo que alarmó a los jóvenes era que, ellos portaban lo que al parecer, serían armas de grueso calibre.

No pasó mucho tiempo y de manera sorpresiva y aterradora, un numeroso contingente de militares con trajes camuflaje y fuertemente armados, irrumpió en el campamento rodeando completamente a los jóvenes quienes horrorizados asistían a una tenebrosa escena en la que las armas del ejército apuntaban a sus cuerpos indefensos.

La orden del general

Los jóvenes fueron así interceptados y apresados de forma arbitraria por fuerzas militares bajo el mando del capitán Carlos Sarmiento Franco, comandante de este operativo que fue dispuesto por el general José Gallardo Román, en ese entonces, comandante de la Brigada de Infantería 7 Loja y quien en persona arribó al lugar en un helicóptero militar y ordenó la detención de los estudiantes, entre ellos 10 menores de edad.

Luego de su apresamiento bajo los supuestos cargos de ser guerrilleros militantes del grupo “Alfaro Vive Carajo”, los jóvenes fueron trasladados encapuchados individualmente y bajo estrictas medidas de seguridad, en camiones del ejército hasta la ciudad de Celica en donde permanecieron incomunicados por 108 horas en el regimiento militar de esa jurisdicción.

Las violaciones a los derechos humanos

Durante su detención ilegal en el fuerte militar de Celica, los jóvenes sufrieron agresiones físicas, tratos crueles y torturas, por parte de elementos encapuchados quienes obligaban a los prisioneros asegurar que eran parte del grupo subversivo y que “iban a participar de una reunión clandestina con militantes de Sendero Luminoso de Perú y el Movimiento 19 de Abril de Colombia, para formar la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar”.

Fue el mismo general José Gallardo quien, con fecha 1 de septiembre de 1986, mediante denuncia presentada a la Fiscalía, acusó a los jóvenes de “efectuar prácticas militares con fines subversivos”, en “un sitio encañonado y bien oculto”, “encontrándose equipo militar, explosivos y folletos para impartir instrucciones subversivas”. Falacias que fueron desmontadas a lo largo del proceso penal.

Los jóvenes, cumplieron cerca de cuatro meses de prisión injustificada tras ser procesados judicialmente bajo acusaciones infundadas.

Búsqueda de justicia

El caso fue documentado como una grave violación a los derechos humanos por la Defensoría del Pueblo del Ecuador dentro de sus registros de memoria colectiva y comisiones de verdad, convirtiéndose en un emblema de la lucha por la reparación integral de los afectados por abusos de poder del Estado en la década de los ochenta. Han transcurrido ya cuatro décadas y las cicatrices persisten. Si bien los jóvenes fueron sobreseídos definitivamente al no haber encontrado culpabilidad alguna, se propinó una profunda herida a la juventud lojana y quienes la infringieron nunca fueron juzgados ni condenados, configurándose una total impunidad. Al menos, los 35 de Sabanilla, tuvieron mejor suerte que los cuatro niños de las Malvinas.