Fiscalía y Policía allanaron oficinas municipales de Espíndola y domicilios vinculados con la investigación por presunto tráfico de influencias. Computadoras, celulares, documentos y unos USD 5.350 quedaron bajo custodia de las autoridades. El alcalde niega irregularidades y asegura que colaborará con el proceso.
Procedimiento
Un operativo fiscal sacudió la mañana del miércoles 07 de octubre de 2026, al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Espíndola, provincia de Loja. Funcionarios de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional, ingresaron a varias dependencias de la institución y a domicilios vinculados con personas investigadas dentro de un proceso por presunto tráfico de influencias.
Las diligencias alcanzaron la Alcaldía, Secretaría General, Tesorería, Recaudación, Gestión de Riesgos y el Centro de Revisión Vehicular. Agentes también intervinieron viviendas relacionadas con funcionarios y otros involucrados en la investigación.
La intervención concluyó cerca del mediodía y no dejó personas detenidas. Posteriormente, las oficinas municipales retomaron la atención habitual al público.
Evidencias
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron siete celulares, tres carpetas con documentación, tres computadoras, dos discos portátiles, una libreta de apuntes, dos dispositivos USB y aproximadamente USD 5.350 en efectivo.
Los elementos quedaron bajo custodia para el análisis correspondiente dentro de la investigación fiscal. La incautación busca aportar información que permita determinar la existencia o no de responsabilidades en torno a los hechos denunciados.
Denuncia
El origen del proceso estaría relacionado con una denuncia presentada por Juan Carlos Torres Cruz, exfuncionario municipal, quien habría participado en un concurso de méritos y oposición, pero no obtuvo uno de los cargos, señaló el alcalde, Álvaro Antonio García Ontaneda.
“Según la denuncia, existirían presuntos pagos destinados a favorecer a determinados participantes dentro del proceso de selección, ante ello, rechazó esa versión ya que los hechos denunciados carecen de sustento”, afirmó.
El burgomaestre recordó que anteriormente verificó una supuesta transferencia económica entre dos trabajadores municipales, operación que habría sido mencionada como indicio dentro del caso. García Ontaneda afirmó que dicha transferencia nunca ocurrió y negó, además, la existencia del movimiento de USD 5.000 referido durante la denuncia.
También manifestó que recibió información sobre el procedimiento mientras cumplía actividades en Cariamanga, cantón Calvas, relacionadas con las fiestas de cantonización y aseveró que las diligencias corresponden a una orden judicial emitida dentro del proceso investigativo.
El alcalde sostuvo que la Fiscalía también intervino el inmueble donde reside, propiedad que perteneció a su padre fallecido. Además, indicó que existió una solicitud de detención en su contra que, según su versión, no fue acogida por la autoridad competente.
“Hay absolutamente carencia de veracidad en esta denuncia”, puntualizó García, quien manifestó disposición para entregar documentación, equipos y cualquier elemento requerido por la Fiscalía.
El funcionario también anunció posibles acciones legales frente a las acusaciones que considera falsas y aseguró que pretende demostrar su inocencia dentro del proceso.
Además, informó que acudirá a la Fiscalía este jueves 08 o el lunes 12 de octubre y las veces que sean necesarias para rendir su versión y entregar la información solicitada.(I).
En 2026, es el segundo municipio lojano en ser allanado por las autoridades. El primero fue Macará, en abril.