La aprehensión de la excandidata presidencial Luisa González Alcívar, dentro de una investigación por presunto lavado de activos, provocó fuertes cuestionamientos de dirigentes de Revolución Ciudadana en Loja. La bancada anunció medidas de protesta para exigir su liberación y defender sus derechos políticos.

Circunstancias

La detención de Luisa González Alcívar, excandidata presidencial y figura de Revolución Ciudadana (RC5), durante la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026, abrió un nuevo frente de confrontación política en Ecuador. El procedimiento tuvo lugar en Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento político y los gastos electorales de la campaña presidencial de 2023.

La Fiscalía General del Estado informó que, junto con la Policía Nacional, ejecutó órdenes de detención en Pichincha y Manabí contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Las diligencias corresponden al denominado caso Laberinto, que examina posibles inconsistencias en los aportes económicos y el origen lícito de los recursos utilizados durante la contienda electoral.

La investigación mantiene bajo escrutinio judicial el financiamiento de aquella campaña. Sin embargo, las acusaciones forman parte de un proceso en curso y deberán sustentarse ante las autoridades competentes, con respeto a las garantías legales de los investigados.

Rechazo

El asambleísta por Loja, Juan Andrés González, militante de Revolución Ciudadana, manifestó en exclusiva a Diario Crónica su rechazo al procedimiento y anunció que la bancada decidió no acudir al Pleno de la Asamblea Nacional como medida de protesta.

El legislador calificó la actuación policial como un “secuestro” y no como una detención. Además, denunció una supuesta persecución política contra integrantes de su organización y cuestionó la gestión del Gobierno de Daniel Noboa.

“Mantendremos la resistencia y permaneceremos junto al pueblo ecuatoriano hasta recuperar nuestra patria”, expresó el asambleísta, quien ratificó su decisión de continuar con su labor política pese a las acciones que considera adversas para la oposición.

Por su parte, Alicia Jaramillo Febres, directora provincial de RC de Loja, cuestionó el procedimiento y advirtió sobre los riesgos que, a su criterio, enfrenta la democracia ecuatoriana.

Sostuvo que la justicia debe actuar con independencia, transparencia y apego a la ley, sin convertirse en un instrumento contra los adversarios políticos. También criticó las prioridades del Gobierno y afirmó que el país requiere respuestas concretas frente a los problemas económicos y sociales.

Jaramillo Febres expresó su solidaridad con González y exigió su inmediata libertad, además del respeto a sus derechos humanos y políticos. Asimismo, convocó a la militancia, a los simpatizantes y a las organizaciones sociales a mantener la unidad y la vigilancia ciudadana en defensa de la democracia.

En cambio, José Leonardo Mora, dirigente y militante de Revolución Ciudadana en Loja, también rechazó la aprehensión y la interpretó como una manifestación de persecución política contra la oposición.

A su juicio, el procedimiento guarda relación con el desgaste del Gobierno y con el descontento ciudadano frente a asuntos como el costo de los combustibles, el impuesto al valor agregado (IVA), la atención hospitalaria, el mantenimiento vial y la inseguridad.

Mora añadió en Crónica que los problemas del suministro eléctrico, incluidos los apagones que afectan a la provincia de Loja, requieren mayor atención pública. En ese contexto, acusó al Ejecutivo de privilegiar la confrontación política y el impacto mediático en lugar de concentrar sus esfuerzos en las demandas de la población.

El militante advirtió, además, sobre las consecuencias que la confrontación entre el poder político y sus detractores podría tener para el ejercicio de las libertades ciudadanas.

Movilizaciones

Mientras tanto, la presidenta nacional de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, anunció una convocatoria a la militancia, organizaciones sociales y agrupaciones políticas para exigir la liberación de González.

La dirigente informó que los detalles de las movilizaciones serían comunicados durante las siguientes horas y defendió el derecho de la ciudadanía a manifestarse frente a decisiones que considera contrarias a las garantías democráticas.

Rivadeneira también cuestionó al Gobierno de Daniel Noboa, al que calificó de dictatorial. Como argumento, aludió a restricciones que, según afirmó, afectan la participación política y la movilización ciudadana.

Asimismo, mencionó los procesos judiciales que, de acuerdo con sus declaraciones, enfrentan más de 300 personas vinculadas al último paro nacional. Entre sus denuncias incluyó el bloqueo de cuentas, la apertura de causas judiciales y presuntas limitaciones al acceso a una defensa adecuada.(I).

A inicios de 2026, Luisa González, quien fue candidata presidencial en 2023 y 2025, también fue señalada en una investigación que apunta a la cúpula de la Revolución Ciudadana por el presunto delito de lavado de activos, en el llamado caso Caja Chica. Según los expedientes, dinero de origen ilícito habría ingresado en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del binomio conformado por Luisa González y Andrés Arauz, en 2023.