Antonio C. Maldonado V.
Ecuador se sitúa en los niveles más críticos y alarmantes de las escalas globales de inseguridad y violencia, tras sufrir un rápido deterioro del orden público en los últimos años. La posición del país varía según los índices internacionales más reconocidos: ocupa el primer lugar en las tasas de homicidios de Latinoamérica, superando los 50 casos por cada 100.000 habitantes; también ocupa el sexto lugar mundial en la categoría de violencia extrema y subió 36 puntos debido a la severidad de los ataques contra civiles y de las acciones de grupos armados. En el Índice Global de Crimen Organizado nos ubicamos en el cuarto lugar mundial, con una puntuación de 7,48 sobre 10, superados únicamente por naciones con crisis extremas como Myanmar, Colombia y México. Asimismo, dentro de las alertas de viaje estadounidenses, Ecuador se encuentra en el nivel 2, denominado “mayor precaución”, mientras que algunos cantones críticos, como Durán o Huaquillas, están en el nivel 4, que significa “no viajar”.
Las organizaciones internacionales atribuyen este drástico deterioro de los niveles de seguridad a la expansión del narcotráfico y del crimen organizado, liderado por agrupaciones como Los Choneros y Los Lobos, que disputan el control de las cárceles, los puertos y las rutas de distribución.
Todo lo citado se agrava en este momento por la intensificación de los efectos del fenómeno climático de El Niño. Así tenemos que, por ejemplo, sus consecuencias ya no se presentan únicamente en los lugares habitualmente afectados, sino también en sitios que antes no tenían que soportarlas, como sucede ahora en las islas Galápagos, que forman parte de la Región Insular de nuestra República.En este territorio se registran más de 7.336 afectados y 2.000 familias damnificadas tras lluvias históricas que acumularon 189 litros de agua por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Esto provocó el colapso de las quebradas en Santa Cruz y San Cristóbal, ocasionando inundaciones súbitas que obligaron a los ciudadanos a evacuar incluso a nado. Además, se destruyeron aproximadamente 600 metros de carreteras esenciales, incluido el acceso al aeropuerto; se derribaron postes eléctricos y varios sectores quedaron sin agua potable. La ayuda a las familias damnificadas solamente puede realizarse desde el aire, ya que tampoco existe servicio marítimo ni aéreo regular. Esperemos que esta situación también se solucione en el menor tiempo posible, conjuntamente con los problemas que se presentan en las ciudades más pobladas de nuestro país, tanto en lo relativo a las inundaciones como a la inseguridad vial.