Esteban Sarmiento Jaramillo

estebansarmientoj@yahoo.com

Durante más de veinticinco años de servicio público he aprendido que detrás de cada decisión administrativa existe una persona, una familia y, muchas veces, una realidad que difícilmente puede comprenderse leyendo únicamente un expediente. La experiencia me ha enseñado que las leyes son indispensables para organizar la convivencia; pero también que su verdadera importancia se manifiesta cuando permiten proteger los derechos y la dignidad de los seres humanos.

Hoy quiero referirme a un tema que tiene especial significado en mi vida personal, familiar y laboral: la estabilidad laboral reforzada en el Ecuador.

Soy servidor público de carrera y, además, sustituto directo de mi madre, una persona con discapacidad que requiere atención y cuidados permanentes. Como hijo único y responsable de su cuidado cotidiano, conozco lo que significa distribuir el tiempo entre las obligaciones profesionales, las necesidades familiares y las responsabilidades que supone acompañar a una persona en condiciones de especial vulnerabilidad.

¡No es una responsabilidad menor! Detrás de ella existen necesidades de alimentación, salud, movilización, medicamentos, acompañamiento y, sobre todo, el derecho de una persona a vivir con dignidad.

Pero ¿qué sucede cuando la estabilidad laboral de quien asume estas responsabilidades se encuentra comprometida? ¿Estamos hablando exclusivamente del derecho al trabajo de un servidor público? ¿O también debemos considerar los derechos de aquella persona con discapacidad que depende de sus cuidados y de su sustento económico?

La respuesta merece una reflexión mucho más profunda.

Nuestra Constitución, en su artículo 35, reconoce a las personas con discapacidad como parte de los grupos de atención prioritaria. Los artículos 47 y 48 desarrollan importantes garantías para su protección e inclusión; mientras que el artículo 49 reconoce derechos específicos a las personas y familias que cuidan a personas con discapacidad que requieren atención permanente.

Estas disposiciones no son simples declaraciones de buenas intenciones. Son mandatos constitucionales que comprometen a las instituciones del Estado y a sus servidores públicos, especialmente cuando sus decisiones pueden afectar a personas en situación de vulnerabilidad.

La Corte Constitucional del Ecuador ha desarrollado una importante línea jurisprudencial sobre esta protección. La abogada Daniela Erazo Galarza recordó recientemente algunas de estas decisiones en una publicación en la red social X, que considero oportuno comentar.

En las sentencias 1067-17-EP/20 y 2126-19-EP/24, la Corte examinó las garantías de trabajadores sustitutos que tienen a su cargo el cuidado y la manutención de personas con discapacidad. En la segunda decisión precisó que, bajo determinadas condiciones aplicables a nombramientos provisionales en instituciones públicas, la desvinculación debe ser la última alternativa, después de considerar la posibilidad de reubicación y las consecuencias legales correspondientes.

Más recientemente, mediante la sentencia 1937-19-JP/25, la Corte profundizó el análisis de esta garantía, incluyendo a personas con discapacidad, trabajadores sustitutos y cuidadores. Recordó, además, que los jueces deben examinar las posibles vulneraciones de derechos constitucionales y no limitarse a considerar estos asuntos como simples controversias laborales.

Vale la pena detenerse en el alcance de estas decisiones.

La estabilidad laboral reforzada no significa que una persona esté por encima de la ley, que las instituciones pierdan sus facultades administrativas o que resulte imposible adoptar decisiones laborales justificadas. Significa, fundamentalmente, que determinadas circunstancias personales y familiares exigen una protección especial y un análisis más cuidadoso antes de tomar decisiones que puedan comprometer derechos constitucionales.

No es lo mismo examinar la terminación de una relación laboral ordinaria que analizar la situación de quien, además de trabajar, sostiene económicamente y cuida diariamente a una persona con discapacidad.

En mi experiencia personal también he debido afrontar controversias relacionadas con mi estabilidad laboral. Son asuntos que corresponden resolver a las autoridades judiciales competentes, con independencia y pleno respeto al debido proceso. Sin embargo, esta experiencia me ha permitido comprender que el problema supera ampliamente cualquier situación individual.

¿Cuántas familias ecuatorianas dependen del trabajo de una persona que, al regresar a casa, continúa cumpliendo otra jornada de responsabilidades como cuidador? ¿Cuántos adultos mayores y personas con discapacidad necesitan ese acompañamiento para realizar actividades que otros desarrollamos sin mayores dificultades? ¿Qué consecuencias puede tener una decisión laboral cuando no se consideran estas circunstancias?

En Loja, como en tantas ciudades y parroquias rurales del Ecuador, existen familias que enfrentan diariamente esta realidad. Muchas veces lo hacemos en silencio, sin reconocimiento y con recursos limitados. El cuidado de una persona con discapacidad no termina al concluir la jornada laboral: continúa durante las noches, los fines de semana y cada vez que su condición requiere atención.

Por eso, hablar de estabilidad laboral reforzada también significa hablar de responsabilidad familiar, solidaridad, igualdad material y protección de los derechos humanos.

Quienes hemos trabajado durante muchos años en las instituciones públicas conocemos la importancia de la eficiencia administrativa, la disciplina institucional y el cumplimiento de las normas. Pero ninguna de estas exigencias debería interpretarse de manera aislada de la Constitución y de las circunstancias humanas que corresponde considerar.

El Estado tiene el deber de administrar responsablemente sus recursos y organizar adecuadamente sus instituciones. Al mismo tiempo, debe respetar y hacer respetar los derechos constitucionales. Ambas responsabilidades deben cumplirse, no enfrentarse como si fueran incompatibles.

Considero que uno de los grandes desafíos del Ecuador es conseguir que estas garantías no permanezcan únicamente en las sentencias de la Corte Constitucional, sino que sean conocidas y aplicadas por quienes dirigen instituciones, toman decisiones laborales e imparten justicia. No debería ser necesario llegar hasta la Corte para que se reconozcan derechos ya establecidos.

Porque el respeto a los derechos no debería depender de la sensibilidad particular de una autoridad, sino de la aplicación responsable de la Constitución y de la ley.

La estabilidad laboral reforzada no es un privilegio ni una concesión personal. Es una garantía que responde a circunstancias específicas y cuya aplicación exige verificar los hechos, respetar las normas y comprender las consecuencias humanas de cada decisión.

Y cuando se trata de una persona que cuida a alguien con discapacidad, hay una realidad que jamás deberíamos olvidar: detrás de la estabilidad laboral de un trabajador o de un servidor público, también puede encontrarse la seguridad, el bienestar y la dignidad de otro ser humano.