Cuando perder el empleo afecta a dos personas y a la familia

Esteban Sarmiento Jaramillo

estebansarmientoj@yahoo.com

En mi anterior artículo me referí a la estabilidad laboral reforzada como una garantía constitucional y no como un privilegio. Hoy quiero profundizar en una realidad que conozco muy de cerca: ¿qué sucede cuando una persona pierde su empleo y, al mismo tiempo, tiene bajo su responsabilidad el cuidado y la manutención de un familiar con discapacidad?

A primera vista, podría parecer una controversia laboral más. Una institución decide terminar una relación de trabajo, emite el correspondiente acto administrativo y considera concluido el procedimiento. Pero ¿termina realmente allí el problema? ¡Por supuesto que no! En determinadas circunstancias, esa decisión puede afectar a otras personas y a toda una familia que, sin formar parte de la relación laboral, depende de los ingresos y cuidados de quien ha sido desvinculado.

Lo digo desde mi propia experiencia. Soy servidor público de carrera, hijo único y sustituto directo de mi madre, una persona con discapacidad que requiere cuidados permanentes. Compatibilizar mis responsabilidades profesionales con sus necesidades cotidianas me ha permitido comprender que el trabajo significa mucho más que recibir una remuneración mensual. Representa también la posibilidad de garantizar alimentación, atención médica, medicamentos, movilización y el acompañamiento que necesita para vivir con dignidad.

Y entonces surge una pregunta que considero fundamental: ¿puede una institución adoptar una decisión laboral sin valorar estas circunstancias?

Nuestra Constitución ofrece un punto de partida. El artículo 35 reconoce a las personas con discapacidad como parte de los grupos de atención prioritaria; mientras que el artículo 49 contempla derechos y protección para las personas y familias que cuidan a quienes requieren atención permanente por su discapacidad.

Por tanto, cuando hablamos de trabajadores y servidores públicos sustitutos, así como de cuidadores de personas con discapacidad, no estamos ante una simple solicitud de consideración personal. Hablamos de derechos constitucionales que merecen especial atención, precisamente porque las consecuencias de una decisión laboral pueden extenderse a personas que necesitan protección prioritaria.

En abril de 2024, la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia 2126-19-EP/24, mediante la cual reconstruyó una regla jurisprudencial contenida en la sentencia 1067-17-EP/20. El caso se relacionó con una servidora pública que tenía un nombramiento provisional y se encontraba a cargo de una persona con discapacidad.

¿Qué estableció la Corte?

En términos sencillos, cuando una institución pública conoce oportunamente que una persona con nombramiento provisional tiene bajo su cuidado y manutención a alguien con discapacidad, no puede ignorar esa circunstancia al momento de resolver su desvinculación. La terminación de la relación laboral debe considerarse como última alternativa, incluso cuando existan necesidades institucionales legítimas. Además, corresponde examinar previamente la posibilidad de reubicarla en un puesto similar o equivalente y, cuando ello resulte imposible, observar las consecuencias indemnizatorias previstas en la normativa aplicable.

Esta regla tiene condiciones específicas y no significa que todos los nombramientos provisionales se conviertan automáticamente en permanentes. Pero sí deja una enseñanza importante: las necesidades administrativas, por legítimas que sean, no liberan a las instituciones de sus obligaciones constitucionales.

Posteriormente, mediante la sentencia 1937-19-JP/25, la Corte profundizó el análisis de la protección laboral reforzada para personas con discapacidad, trabajadores sustitutos y cuidadores, considerando distintas modalidades de contratación y relaciones laborales. Esta garantía no impide absolutamente una desvinculación, pero exige una valoración cuidadosa de las circunstancias y una justificación acorde con la protección constitucional que corresponde a cada caso.

También recordó la importancia de que los jueces examinen las posibles vulneraciones de derechos constitucionales, sin reducir automáticamente estas situaciones a simples controversias laborales.

Y aquí quisiera detenerme.

Una cosa es que una institución tenga la facultad legal de organizar su personal y otra, muy distinta, que pueda ejercerla sin considerar las circunstancias particulares de sus trabajadores y servidores públicos. La administración necesita eficiencia, planificación y responsabilidad; pero también decisiones debidamente motivadas, proporcionales y respetuosas de los derechos humanos.

Pensemos en una familia de Loja, Catamayo, Saraguro, Zapotillo o de cualquier parroquia rural del Ecuador. Uno de sus integrantes trabaja durante el día y, cuando regresa a casa, continúa atendiendo a su madre, padre, hijo o algún otro familiar con discapacidad. Debe organizar consultas médicas, conseguir medicamentos, garantizar la alimentación, realizar trámites y permanecer atento a necesidades que no conocen horarios.

Quienes vivimos esta realidad sabemos que el cuidado no termina cuando concluye la jornada laboral. Hay noches difíciles, preocupaciones económicas, citas médicas que no pueden postergarse y decisiones familiares que deben tomarse pensando siempre en el bienestar de quien depende de nosotros.

Por eso, cuando una persona que cumple estas responsabilidades pierde su empleo, las preguntas son inevitables: ¿quién asume los gastos?, ¿cómo se reorganiza el cuidado?, ¿qué ocurre cuando no existe otro familiar que pueda asumir esas obligaciones?

Y algo más: ¿quién considera la tranquilidad y los derechos de la persona con discapacidad que, sin haber participado en ninguna decisión administrativa, también puede sufrir sus consecuencias?

En mi caso, estas reflexiones tienen un significado especialmente profundo. He debido enfrentar controversias relacionadas con mi estabilidad laboral y conozco la incertidumbre que estas situaciones generan. Pero esa preocupación adquiere otra dimensión cuando, además de pensar en el propio futuro profesional, se tiene la responsabilidad permanente de cuidar a una madre con discapacidad.

Escribo estas líneas porque considero necesario que nuestra sociedad comprenda que detrás de muchas controversias laborales existen realidades familiares que merecen ser conocidas y valoradas.

La jurisprudencia constitucional nos recuerda que no basta con aplicar mecánicamente una disposición administrativa. Es necesario examinar los hechos, las circunstancias de vulnerabilidad, el conocimiento que tenía la institución empleadora, las alternativas disponibles y las consecuencias jurídicas de cada decisión.

Esto también forma parte de la igualdad ante la ley. No todas las personas enfrentan las mismas circunstancias ni disponen de las mismas posibilidades para superar una situación adversa. Tratar de manera idéntica situaciones profundamente diferentes puede terminar generando nuevas desigualdades.

Quienes hemos dedicado muchos años al servicio público sabemos que las instituciones necesitan reglas y que estas deben cumplirse. Pero también sabemos que ninguna disposición administrativa puede interpretarse al margen de la Constitución.

Aspiro a que estos precedentes sean conocidos no solamente por abogados y jueces, sino también por autoridades nominadoras, responsables de talento humano, servidores públicos y ciudadanos. Su verdadero valor se demostrará cuando las instituciones sean capaces de prevenir vulneraciones de derechos, sin obligar a las personas a recorrer largos y desgastantes procesos judiciales para reclamar garantías que ya han sido reconocidas.

La estabilidad laboral reforzada tiene límites y condiciones que deben verificarse en cada caso. No se trata de desconocer las necesidades institucionales ni de conceder privilegios. Se trata de comprender que una decisión laboral puede tener consecuencias que van mucho más allá de quien recibe una notificación de desvinculación.

Cuando un trabajador o servidor público que cuida a una persona con discapacidad pierde su empleo, las consecuencias pueden alcanzar directamente a dos vidas, extenderse a toda una familia y convertirse en un problema que también nos concierne como sociedad.

Porque detrás de una decisión laboral no siempre existe solamente un puesto de trabajo. A veces está en juego la tranquilidad, el sustento y la dignidad de toda una familia.