Desde la Constitución de 2008 en Ecuador, las adicciones pasaron a ser reconocidas como una enfermedad y un problema de salud pública, por tanto, llegaron a ser competencia del Estado: su prevención, diagnóstico y tratamiento, a través del ministerio respectivo. Hasta 2023, se ha logrado conformar un centro de recuperación para tres provincias, las mismas que tiene un alto índice de alcoholismo y casos de drogadicción crecientes.

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