Este 16 de noviembre, Ecuador enfrentará una decisión crucial en la consulta popular y referéndum: mantener o eliminar la obligación constitucional del Estado de financiar permanentemente a partidos y movimientos políticos. Aunque la pregunta aparece bajo un lenguaje técnico, su trasfondo apunta a un debate profundo sobre el tipo de democracia que queremos sostener. ¿Deben los partidos seguir recibiendo recursos públicos automáticamente, aun si no rinden cuentas adecuadamente o si carecen de respaldo ciudadano efectivo?