El Decreto Ejecutivo 250, emitido por el presidente Daniel Noboa, establece un estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena en la Costa ecuatoriana. Este estado de excepción tiene una vigencia de 60 días y se implementa como respuesta al conflicto armado en la región.

El propósito principal del estado de excepción es colaborar con las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener la soberanía y la integridad del Estado.

Se busca ejecutar operaciones tácticas de combate contra los grupos armados organizados en las cinco provincias afectadas.

Restricciones a la inviolabilidad de domicilio permitirá a las autoridades realizar inspecciones, allanamientos y requisas en busca de personas vinculadas a los grupos armados. El objetivo es desarticular y neutralizar las amenazas presentes o futuras.

A diferencia de otros estados de excepción, este decreto no establece toques de queda ni restringe la circulación de personas durante el día o la noche.