El actual Gobierno Nacional ha declarado mediante Decreto Ejecutivo 249 a la integridad pública como política nacional y ha dispuesto que la Secretaría de Política Pública Anticorrupción ahora será la Secretaría General de Integridad Pública, que formará parte de la estructura orgánica de la Presidencia

En dicho decreto, la integridad pública se define como «la alineación consistente y la adhesión a valores, principios, y normas éticas compartidas para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público».

Para llegar a esta concepción, es necesario comprender el contexto de la débil capacidad institucional, cultura organizacional incipiente y la inexistente profesionalización de los funcionarios y servidores públicos. Por ello, en la esfera de la gestión y administración pública, la integridad va más allá de simplemente combatir la corrupción. Si bien la lucha contra la corrupción es crucial y debe mantenerse como una prioridad, es igualmente importante destacar la necesidad de que los servidores públicos sean conscientes de que sus acciones tienen consecuencias que trascienden los límites de lo legal y lo ético. Para ello, es de suma importancia de la integridad pública en la gestión y administración del Estado, enfatizando la responsabilidad individual de los servidores públicos en la toma de decisiones y en el impacto de sus acciones en la sociedad.

La integridad pública implica un compromiso profundo con la ética y la responsabilidad en el ejercicio del servicio público. Va más allá de cumplir con las leyes y regulaciones establecidas; implica actuar de manera honesta, justa y transparente en todas las actividades gubernamentales. Los servidores públicos deben ser conscientes de que cada una de sus acciones tiene el potencial de afectar a la sociedad en su conjunto, y, por lo tanto, deben actuar con diligencia y responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

En este sentido, la conciencia de las consecuencias de sus actos es fundamental para promover una cultura de integridad en el servicio público. Los servidores públicos deben comprender que sus decisiones pueden tener impactos significativos en la vida de los ciudadanos, en la distribución de recursos y en la eficacia de las políticas públicas. Por lo tanto, es imperativo que actúen con prudencia y consideración, evaluando cuidadosamente las implicaciones de sus acciones en el bienestar general.

Además, la integridad pública requiere un compromiso constante con la rendición de cuentas y la transparencia. Los servidores públicos deben estar dispuestos a ser escrutados por la ciudadanía y por las instituciones de control, y a asumir la responsabilidad por sus acciones en caso de que se detecten irregularidades o abusos. La transparencia no solo fortalece la confianza en el gobierno, sino que también permite a la sociedad civil participar de manera activa en la vigilancia y el control de las actividades gubernamentales.

Es importante destacar que la integridad pública no es un atributo estático, sino un proceso continuo de autoevaluación y mejora. Los servidores públicos deben estar comprometidos con el aprendizaje y el desarrollo profesional, buscando constantemente actualizar sus conocimientos y habilidades para poder enfrentar los desafíos y demandas cambiantes de la gestión pública. Además, deben estar abiertos a recibir retroalimentación y críticas constructivas, y estar dispuestos a corregir sus errores y mejorar su desempeño.

Por lo expuesto, la integridad pública es un pilar fundamental en la gestión y administración del Estado. Más allá de la lucha contra la corrupción, implica un compromiso profundo con la ética, la responsabilidad y la transparencia en el ejercicio del servicio público. Los servidores públicos deben ser conscientes de que sus acciones tienen consecuencias que trascienden los límites de lo legal y lo ético, y, por lo tanto, deben actuar con prudencia y consideración en el desempeño de sus funciones. Solo a través de un compromiso firme con la integridad pública se puede construir un gobierno eficaz, transparente y responsable, que sirva verdaderamente a los intereses de la sociedad.