La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó a la Contraloría General del Estado una solicitud para realizar auditorías especiales a los contratos colectivos del sector público. Estos contratos están bajo escrutinio por un presunto uso abusivo de las finanzas estatales y la obtención de beneficios excesivos en sectores en crisis, como el eléctrico.

El lunes 1 de julio, Núñez entregó la petición de exámenes especiales a los contratos colectivos de cuatro empresas públicas: Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador. La solicitud se fundamenta en el incumplimiento de normas constitucionales y legales, incluyendo la falta de un dictamen obligatorio del Ministerio de Economía y Finanzas.

Núñez también destacó que estos contratos infringen el artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas al no contar con el respaldo financiero necesario. Pidió al contralor Mauricio Torres que determine las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.

En el caso de CNT, se utilizó una vía administrativa y judicial para obtener una resolución favorable que evitó el dictamen obligatorio. En CNEL, un fallo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en 2021 permitió el traslado de más de 1,500 trabajadores con efectos retroactivos. Con Celec, el Ministerio del Trabajo evitó una erogación de $200 millones al intervenir legalmente en marzo.

El Ministerio de Trabajo busca la nulidad de estos contratos colectivos para asegurar el cumplimiento de la ley y la sostenibilidad financiera del sector público.