La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció el martes 23 de julio el inicio del caso Triple A, una investigación penal sobre la presunta comercialización ilegal de combustibles en Guayaquil y Milagro. El organismo realizó siete allanamientos en ambas localidades, revisando computadoras, documentos, facturas y dispositivos electrónicos.

Estos procedimientos se llevaron a cabo 12 días después de que el Gobierno Nacional denunciara al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a sus dos hermanos y a cinco personas más por su presunta participación en el delito. La denuncia, presentada el 11 de julio por Franklin Erreyes, director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, también menciona a dos compañías de venta y distribución de combustibles: Fuelcorp S.A. y Copedesa Gasgrupo S.A., en la que los hermanos Álvarez son accionistas.

En su cuenta de X, Aquiles Álvarez confirmó que uno de los allanamientos se realizó en su empresa y expresó su disposición a colaborar. «Nuestra posición es de total apertura para que hagan su trabajo, con la confianza de que actuarán con técnica y justicia. De nuestro lado no hay nada que ocultar ni nada que temer», afirmó el alcalde, quien además sugirió que hubiera sido «más fácil» solicitar directamente la información sin necesidad de un allanamiento urgente.