Según el Cootad, el presupuesto municipal del siguiente año debe ser aprobado hasta el 10 de diciembre; sin embargo, concejales afirman hasta la fecha no existe proyecto alguno, además, gran parte de los recursos van para seguridad, sumado a la tasa anual que pagan los lojanos.

Circunstancias

El presupuesto aprobado en el presente año fue de USD 84’675.339,44; pero, una vez reformado llegó a USD 109’879.554,12.

El concejal Pablo Quiñonez Riofrío, integrante de la Comisión de Planificación y Presupuesto, señaló que, normalmente, el último trimestre analizan el proyecto presupuestario con los jefes departamentales correspondientes y las obras a ejecutarse, pero hasta la fecha, el Ejecutivo (alcalde) no ha hecho llegar ninguna propuesta, lo cual es preocupante porque en dos ocasiones anteriores sucedió con el presupuesto prorrogado de 2023, que la documentación llegó muy tarde e impidió que sea más participativo.

Afirmó que debe venir vía ordenanza y tras el análisis se lo aprueba en dos debates —máximo hasta el 10 de diciembre cada año—, fecha límite, según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Igualmente, el edil Miguel Castillo, también integrante de esta Comisión, reiteró que ningún proyecto ha llegado a este organismo; no obstante, conoce que en algunas ocasiones el Municipio ha ejecutado reuniones para análisis del presupuesto participativo con algunos sectores, pero no han sido invitados, pese a haber solicitado ser incluidos para conocer los recursos con los que cuentan y a qué lo destinarán.

Seguridad

En ese ámbito, parte del presupuesto anual va al ámbito de la seguridad y a los agentes de Control Municipal. Este año, para la Policía Municipal hubo USD 2’344.711,12; además, para el Consejo Cantonal de Seguridad alrededor de USD 240 mil, entidad encargada de velar por la convivencia pacífica y la paz en todo Loja. En el caso de este último, los recursos son pagados por la ciudadanía, a un costo de 2 centavos mensuales por metro cúbico de agua.  

El concejal Quiñones Riofrío refirió que estos recursos recaudados no se reflejan en la realidad, un ejemplo claro es que se adquirieron varias motos y llevan meses arrumbadas sin ninguna utilización. Al momento, todavía no existe una propuesta para incrementar el valor.

Por su parte, la ciudadanía sigue esperando que se informe el destino de los recursos pagados mensualmente. El abogado Camilo Javier Guarnizo señaló que, desde administraciones anteriores, existe hermetismo del fin de la tasa de seguridad, tampoco se ve una compra mayúscula de implementos para combatir la delincuencia —que es notorio que ha tomado fuerza en la urbe local—. (I)