Antonio C. Maldonado V.
La actual vicepresidenta de la República Verónica Abad, que desempeñaba el trabajo que le asignó el Presidente Noboa en la República de Israel, en la que no se sabe que resultado dio en beneficio de los israelitas y del país, fue notificada para que pase a cumplir nuevas funciones en la ciudad de Ancara, capital de Turquía, país ubicado en Europa oriental donde Ecuador tiene como Embajadora a Lourdes Puma y al que fue enviada la vicepresidenta de la República desconociendo qué papel va a jugar, porque lo único que se sabe es que a inicios de la crisis eléctrica llegó la barcaza para proveernos de energía eléctrica, pero se presentaron algunas dificultades marítimas para que pueda trabajar y consecuentemente recibir el costo que es de 14,37 centavos de dólar por kilovatio/hora que tenemos que sufragar por medio del Gobierno Nacional.
Entrando en el tema enunciado, la causal por la que la ministra del Trabajo sobre la suspensión de un periodo de 150 días, debido a la injustificada inasistencia de su trabajo durante 3 o más días consecutivos, es una situación que beneficiaría al presidente y candidato Daniel Noboa, pero según algunos politólogos entre ellos Diana Buenaño que “la medida no cumple con los criterios legales”; debido a lo cual casi todos los abogados constitucionalistas afirman que la única forma de suspender o sancionar al vicepresidente o vicepresidenta es por un juicio político en la Asamblea Nacional habiendo la ministra del Trabajo Ivonne Núñez actuado de modo ultra vires (principio jurídico que considera nulos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley, cuyo objetivo es prevenir que una autoridad actúe más allá de su competencia), entonces la ministra del Trabajo debería ser por lo menos materia de un juicio político y hasta de proceso penal por abrogarse funciones que no le corresponden.
En el caso que nos ocupa la actuación de la ministra de Trabajo no debería aplicar a una funcionaria elegida por voto popular y por lo tanto la sanción es inconstitucional ya que esto sería no solamente ilegal sino antidemocrático y constituiría un peligro inminente para el Estado de Derecho debiendo preservarse la soberanía popular.
Desde luego esto no ha terminado porque a la vicepresidenta Verónica Abad le queda una cantidad de recursos administrativos que pueden servirle de ser aprobados para revertir la sanción como consta en el Acuerdo Ministerial en el que consta el proceso de sumario administrativo haciendo presente un listado de recursos que las partes pueden aplicar, esto es, aclaración, ampliación, apelación y revisión.
Con lo que vivimos en estos trágicos momentos en que no solamente padecemos de crisis energética y sequía debiendo racionarse hasta el consumo de agua potable se seguirá presentando el drama imparable de pugna de poderes, guerra interna permanente, crisis carcelaria e inseguridad, habiendo pasado de puente o intermediario para el tráfico de cocaína a productores.
Loja, 14 de noviembre de 2024.