Antonio C. Maldonado V.
La inseguridad social continua con un saldo de sangre, lágrimas y terror en la guerra perpetua e incomprensible entre ecuatorianos para cuyos cuarteles se enrolan niños, jóvenes, adultos y hasta de la tercera edad; todos los días, los medios de comunicación, por intermedio de los jefes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, convertidos en extraordinarios reporteros informan a la ciudadanía de lo sucedido, no sé si con documentos a la mano o los han memorizado, pero la realidad es que los fallecidos y los encarcelados sancionados están. En otro orden, el señor presidente de la República se ha empeñado en construir la cárcel de máxima seguridad, inicialmente planificado en Archidona, Napo, y posteriormente en otras localidades donde fue rechazada por autoridades y ciudadanía, ahora será ejecutado en un nuevo punto de Salinas, Santa Elena, donde se ha producido un ataque terrorista con explosivos de gran potencia que dejan un trabajador fallecido y otro herido; por el momento, las labores de construcción están suspendidas.
En el orden de la salud se continua en la misma situación; pues, según los médicos de esta rama han manifestado que actualmente eso se encuentra estancado ya que no se despliega una actividad y campaña en torno a la salud para la prevención y curación de las enfermedades para que tengan los habitantes un nuevo estilo de vida y si esto no se ha podido controlar que el paternal Estado, en los hospitales públicos les asistan con los medicamentos y operaciones que se requieran.
La crisis energética continúa; pues, según se difunde por autoridades gubernamentales siguen llegando las barcazas al país contratadas al efecto, las industrias son los únicos sectores que aún tienen cortes programados, a diferencia del sector residencial que no los tiene desde el 20 de diciembre, pero no sabemos hasta cuándo; la hidroeléctrica Toachi Pilatón estará 100% operativa en enero de 2025, con 68 megavatios anuncia el Gobierno.
Un nuevo escándalo violatorio de los Derechos Humanos se produjo hace pocos días en la parroquia rural de Taura, de la provincia de Guayas, según el director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, Billy Navarrete, acompañó a las familias de los niños en la audiencia de habeas corpus del 24 de diciembre de 2024; la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares implicados en el caso está señalada para el 31 de diciembre del presente año; en sus declaraciones, 16 militares de dos patrullas de la Infantería Aérea afirman que “liberaron” a los menores en la parroquia rural Taura, a las afueras de Durán, a más de 40 kilómetros del sitio de detención. Esperemos que esa investigación de resultados positivos para que no vuelvan a repetirse.
En las condiciones citadas resulta medio complicado desearse entre los ciudadanos del país un Feliz Año Nuevo, que como conocemos estará complicado por ser año electoral desde febrero de 2025.
Loja, 27 de diciembre de 2024.