El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó este miércoles, 12 de febrero de 2025, una demanda contra el estado de Nueva York por su ley de 2019 que permite a todos los residentes obtener una licencia de conducir sin importar su estatus migratorio.

La fiscal general Pam Bondi, aliada del presidente Donald Trump, calificó la ley de «inconstitucional» y aseguró que fomenta la migración irregular. La demanda, presentada en una corte federal en Illinois, busca anular las protecciones estatales y locales que amparan a los migrantes indocumentados. Bondi acusó a Nueva York de «priorizar a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses» y dirigió la acción legal contra la gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general del estado Letitia James y el comisionado del Departamento de Vehículos Motores, Mark Schroeder.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha intensificado su ofensiva contra las llamadas «ciudades santuario», prometiendo medidas drásticas contra las jurisdicciones que no colaboren con sus políticas migratorias.

En paralelo, la Administración Trump revocó un pago de USD 80 millones destinado al sistema de asilo en Nueva York, según informó la Oficina del Contralor de la ciudad. Estos fondos, parte del Programa de Refugio y Servicios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), habían sido asignados por el Congreso en 2023 para atender el flujo migratorio y fueron transferidos a la ciudad la semana pasada antes de ser bloqueados por el Gobierno federal.

La disputa legal y el recorte de fondos agravan la tensión entre la Casa Blanca y Nueva York, que se ha posicionado como un estado santuario en la lucha por los derechos de los migrantes.