El derribo de dos puentes que conectaban comunidades en la frontera entre Ecuador y Colombia ha generado polémica. Mientras el gobierno ecuatoriano sostiene que estas estructuras eran utilizadas para actividades ilícitas, el alcalde del municipio colombiano de Cumbal, Andrés Tapie, denuncia que la medida se tomó sin diálogo ni consenso.

Denuncia desde Colombia
A través de sus redes sociales, Tapie calificó la demolición como un “atentado contra los derechos y el bienestar” de las comunidades afectadas, señalando que impacta la movilidad, el comercio y el acceso a servicios esenciales. Además, advirtió que esta decisión vulnera las relaciones bilaterales y pidió a las autoridades ecuatorianas abrir un espacio de diálogo. También hizo un llamado a organismos internacionales para supervisar la situación.

Argumentos desde Ecuador
Por su parte, Alexis Enríquez, intendente general de la Policía Nacional de Ecuador, afirmó que estos puentes eran «pasos irregulares no autorizados» utilizados para la minería ilegal y extorsiones a ciudadanos ecuatorianos. Según indicó, la medida forma parte de operativos espejo iniciados el 19 de enero de 2025, en el marco de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), con el objetivo de erradicar corredores ilegales y combatir la delincuencia en la zona.

Silencio oficial
Consultada al respecto, la Cancillería ecuatoriana señaló que el tema es competencia del Ministerio de Defensa, el cual aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión y sus alcances.