Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, suele estar reservado para grandes discursos, movilizaciones y reconocimientos a quienes sostienen el mundo con su esfuerzo cotidiano. Pero en medio de esos homenajes, hay un grupo que permanece en la sombra, luchando desde el silencio y con escasa visibilidad: los servidores públicos con discapacidad, y quienes les cuidan o les sustituyen para que puedan ejercer sus derechos con plenitud.

La Constitución de la República del Ecuador es clara y firme: reconoce, protege y prioriza a las personas con discapacidad, y también extiende esa protección a sus cuidadores principales. Pero entre el mandato constitucional y la realidad del día a día, hay un abismo de indiferencia, burocracia e injusticia. No se trata de falta de normativa, sino de falta de voluntad, de empatía, de humanidad en la gestión pública.
Muchos servidores públicos con discapacidad deben enfrentar no solo las barreras físicas o cognitivas de su condición, sino también la insensibilidad de instituciones que les excluyen de decisiones, les niegan ajustes razonables o, peor aún, los tratan como una carga. Y quienes los cuidan —familiares, sustitutos directos o convivientes responsables de su bienestar— muchas veces deben sacrificar sus propias carreras, ingresos o proyectos de vida sin recibir el más mínimo reconocimiento del Estado, más bien siendo perseguidos y anegados de sus trabajos.

Estas realidades no son aisladas ni anecdóticas. Son parte de un sistema que invisibiliza lo que no entiende, y que relega a los márgenes a quienes no responden al perfil estándar de productividad. Se habla mucho de meritocracia, de eficiencia, de recorte del gasto público. Pero se olvida que detrás de cada rostro con discapacidad hay una historia, una familia, una dignidad que merece respeto. Y que cuidar a otro -en cuerpo, mente o alma- también es una forma de trabajo. Un trabajo que sostiene vidas, que alivia dolores, que llena vacíos donde el Estado no llega, no puedo llegar.
No es justo que quienes entregamos la vida al servicio público, y además cuidamos a un ser querido con discapacidad, tengamos que luchar contra sistemas que deberían protegernos. No es ético que debamos acudir a acciones judiciales para que se reconozcan nuestros derechos ya garantizados por la Constitución. La ley, sin acción, es solo papel. Y los derechos, sin garantías, son solo promesas rotas.
Desde este espacio, alzo la voz no solo para conmemorar el trabajo formal, el del reloj y la nómina, sino también ese otro trabajo: el invisible, el amoroso, el que cuida y resiste.
Exigimos que el mandato constitucional deje de ser letra muerta y se convierta en política viva, con garantías reales, estabilidad laboral, y un trato digno para quienes, desde la vulnerabilidad, aportamos al país con igual o mayor esfuerzo.
La dignidad no puede depender de decretos ni del humor político de turno. La dignidad —como el trabajo— debe ser protegida, reconocida y celebrada. Porque solo una sociedad que cuida a quienes cuidan, puede llamarse verdaderamente justa.
Este 1 de mayo es una oportunidad para mirar hacia dentro, hacia esas historias que rara vez ocupan los titulares pero que nos enseñan cada día el verdadero significado de la entrega y la humanidad.
Que el trabajo no sea un privilegio, sino un derecho accesible y digno para todos y todas.

Que la justicia empiece por quienes han esperado demasiado.