¿Nueva Constitución o nuevo pretexto? No quiero más, quiero mejor

Fernando Cortes

La posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente en Ecuador merece un análisis riguroso desde múltiples perspectivas, especialmente en momentos críticos como los actuales. No se trata simplemente de ajustar normas; se trata de la calidad democrática del país y de cómo gestionamos lo público y lo estatal en tiempos de profunda crisis.

El Foro por la Democracia advierte que convocar a una Asamblea Constituyente en el contexto actual significaría asumir un costo económico considerable (alrededor de 200 millones de dólares) en un país que enfrenta severas limitaciones financieras. Este gasto podría canalizarse mejor hacia necesidades urgentes como la falta de medicina en hospitales públicos, la lucha contra la inseguridad o la mejora de la educación, áreas críticas para el bienestar colectivo.

Pero más allá del argumento económico, debemos considerar la calidad democrática que esperamos fortalecer. Por supuesto que Ecuador requiere cambios, pero estos deben hacerse de manera responsable, participativa y transparente. Existen mecanismos establecidos en la Constitución para realizar reformas puntuales, que pueden abordar de forma directa y concreta las demandas ciudadanas, evitando así la incertidumbre de un proceso constituyente completo.

Como explica Lazzetta, la calidad democrática depende esencialmente de una esfera pública enérgica y diversa, que exprese las demandas ciudadanas y también esté garantizada por un Estado universalista y eficaz. Entonces, las reformas deben derivar de un amplio consenso social y no de intereses particulares. En este sentido, convocar una Constituyente sin una justificación clara y sin mecanismos sólidos de participación y control podría debilitar la esfera pública, generando incertidumbre e incluso mayor exclusión social.

La democracia no se limita al acto de votar o reformar constituciones; implica además asegurar derechos universales y transparentar el poder estatal mediante procesos amplios de deliberación ciudadana. Por ello, antes de optar por una Asamblea Constituyente, Ecuador debería agotar los mecanismos establecidos para reformas puntuales. Un proceso constituyente no puede improvisarse ni tomarse a la ligera; requiere una justificación sólida y un sistema que garantice la representatividad real de la sociedad.

En definitiva, el reto no es solo cambiar la Constitución, sino profundizar en la calidad democrática, asegurando que el Estado sea transparente y esté al servicio del bien común. Solo así podremos asegurar un futuro democrático, estable y justo para Ecuador.