El Gobierno argentino denunció penalmente a un grupo de médicos —en su mayoría de nacionalidad ecuatoriana— por presunto fraude en el Examen Único de Residencias Médicas. La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien enfatizó que “no se permitirá que se acceda a cargos médicos de manera fraudulenta, poniendo en riesgo la vida de todos”. En su cuenta de X, Adorni también advirtió: “El que la hace, la paga”.

Según las autoridades, se detectaron puntajes inusualmente altos que no guardaban relación con los antecedentes académicos ni con el historial de desempeño de ciertas universidades extranjeras. El ministro de Salud, Mario Lugones, alertó que algunos resultados “no corresponden con el nivel académico demostrado por los postulantes”.

Cada año, más de 18.000 médicos rinden este examen, que es clave para acceder a una residencia o especialización en el sistema de salud argentino. Sin embargo, en esta edición, los primeros lugares fueron ocupados por médicos ecuatorianos, lo que encendió las alertas. Uno de los casos más graves fue el de un postulante que utilizó lentes espía para grabar el examen, logrando una calificación de 92/100. El video, que se viralizó en redes sociales, mostró el rostro del implicado y el método empleado para hacer trampa.

“Este no fue un error técnico, fue un fraude”, subrayó Lugones, quien añadió que estas prácticas desleales afectan a quienes se preparan con esfuerzo y honestidad. “Queremos que quienes entren al sistema lo hagan por mérito, no por trampa”, insistió.

Tras una revisión exhaustiva, el Gobierno determinó que al menos 141 postulantes —en su mayoría extranjeros— deberán repetir el examen. En los casos donde ya se ha confirmado el fraude, los expedientes fueron trasladados directamente a la justicia y no habrá segundas oportunidades.

Este escándalo ha generado un amplio debate sobre la transparencia del sistema de ingreso a residencias médicas en Argentina, y ha puesto bajo escrutinio a varias instituciones formativas internacionales, incluyendo algunas en Ecuador. El proceso judicial seguirá su curso mientras el Consejo Nacional de Residencias y el sistema judicial argentino determinan las sanciones correspondientes.