La acción de protección presentada por los abogados Juan Diego Samaniego y David Alejandro Samaniego Rojas contra el Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja avanzó el viernes 12 de junio de 2026 durante la audiencia desarrollada en la Unidad Judicial. La resolución del juez se conocería la próxima semana.
Circunstancias
La causa surge tras la paralización del servicio de transporte urbano ocurrida el pasado 19 de mayo, medida adoptada por el gremio ante el incremento del precio de los combustibles y la demora en el tratamiento de una ordenanza destinada a actualizar la tarifa del pasaje.
La suspensión del servicio generó afectaciones a miles de usuarios en la ciudad. Frente a ese escenario, los accionantes impulsaron una garantía constitucional acompañada de una medida cautelar con el objetivo de restablecer la movilidad de la población. La jueza acogió esta última el viernes 22 de mayo, resolución que ordenó la reanudación de las operaciones en un plazo máximo de 24 horas.
La audiencia pública para sustanciar de la acción de protección prevista inicialmente para el 05 de junio no pudo instalarse tras un pedido formulado por la defensa del Consorcio de Transportistas, abogado Paúl Luzuriaga. Posteriormente, la diligencia fue reprogramada para el lunes 08 y finalmente tuvo lugar el viernes 12 del presente mes.
El abogado Juan Diego Samaniego explicó en Diario Crónica que la defensa del sector transportista intentó nuevamente aplazar la audiencia bajo el argumento de garantizar el derecho a la defensa. Sin embargo, la jueza rechazó aquella solicitud y permitió el desarrollo de la diligencia hasta la etapa final.
“Las pruebas practicadas dentro del proceso permiten determinar con claridad que existió una vulneración a los derechos constitucionales de la ciudadanía lojana”, afirmó. No obstante, la magistrada decidió suspender temporalmente la audiencia y convocar a una nueva fecha únicamente para dar a conocer su fallo.
Por su parte, el jurista David Alejandro Samaniego destacó que la iniciativa responde a una trayectoria de trabajo vinculada con la defensa de derechos ciudadanos y el seguimiento de mecanismos constitucionales. “El propósito principal consiste en evitar que un servicio público esencial vuelva a convertirse en una herramienta de presión frente a controversias administrativas o económicas”.
“El transporte urbano no puede utilizarse como mecanismo de paralización de la ciudad ni como instrumento para forzar negociaciones tarifarias”, señaló. Aunque reconoció las preocupaciones económicas del sector, insistió en que cualquier reclamo debe canalizarse mediante procedimientos institucionales y espacios de diálogo.
Los accionantes consideran que la causa mantiene plena vigencia pese al restablecimiento de las rutas. El objetivo central apunta a obtener medidas de no repetición que prohíban futuras interrupciones del servicio -con el pretexto de derecho a la resistencia- por motivos relacionados con disputas tarifarias o desacuerdos administrativos.
El abogado Juan Diego Samaniego indicó que una eventual sentencia favorable permitiría establecer un precedente para la protección de los usuarios y la continuidad de los servicios públicos esenciales. “Buscamos una resolución ejemplar que marque límites claros y garantice el respeto a los derechos de la ciudadanía”, expresó.
En relación con los planteamientos expuestos por el sector transportista, el jurista David Alejandro Samaniego sostuvo que las dificultades económicas afectan a diversos segmentos sociales y no exclusivamente a las operadoras. En ese contexto, planteó la necesidad de abrir mesas técnicas dentro del Municipio para analizar alternativas que permitan mantener un sistema de transporte sostenible y accesible.
Finalmente, ambos profesionales hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener vigilancia sobre los procesos que involucran derechos colectivos. Reiteraron que la acción constitucional responde únicamente a la defensa del interés público y a la protección de garantías fundamentales para todos los habitantes de Loja, más no políticos.
El abogado de los transportistas urbanos, Paúl Luzuriaga refirió a Crónica que efectivamente la jueza suspendió la audiencia, la cual podría reanudarse la próxima semana para continuarán con la misma y conocer la decisión de la autoridad.(I).
Otra acción de protección contra el transporte urbano
El activista lojano y servidor municipal Jofre Vera, también planteó una acción de protección tanto para concejales del cantón Loja por no ejercer el derecho a la defensa ciudadana; y, el Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja por la paralización del servicio,
En la audiencia efectuada el jueves 11 de junio de 2026, los jueces dieron la oportunidad al ciudadano para que culmine la medida constitucional.
El costo del pasaje se mantiene en 30 centavos.
Los buses continúan operando con normalidad tras retomar sus rutas el pasado sábado 23 de mayo de 2026.