Antonio C. Maldondo V.
Como todos sabemos, las leyes y normas constitucionales no pueden permanecer estáticas, sino que están supeditadas a los hechos que suceden y cuyo sancionamiento o extinción están condicionados a los sucesos que acontecen en cada localidad. Como nosotros sabemos, la legislación que se va expidiendo, ya sea mediante la Constitución de la República o decretos del Ejecutivo, inclusive muchos de ellos, para poderlos aplicar, requieren que se expida el reglamento correspondiente, cuya elaboración es facultad del Presidente de la República a través de su potestad reglamentaria. El Ejecutivo emite estos documentos mediante decretos ejecutivos para detallar cómo se debe cumplir y ejecutar lo que establece una ley, sin alterarla ni contradecirla.
Frente a este panorama que se vive en el país, estamos atravesando un problema verdaderamente serio, como es el caso de la Ley del Adulto Mayor, que está en vigencia y que, para tener una real aplicación, como lo manifiesta Susana Tito, especialista en gerontología y geriatría: “No hay derecho al ciudadano prolongado. Las familias se empobrecieron. Hay regresión de derechos, lo que los afecta más”. Y esto es una realidad: todos los días los medios de comunicación nos informan que el patrimonio de los hogares es afectado por la delincuencia común y la organizada.
En igual forma, sobre este tema, Lolita Gallegos, jubilada de 77 años, indica: “Soy feliz de poder acceder a descuentos en servicios y pasajes de bus; trato de ahorrar para apoyar a mis cuatro nietos”. También, Sonia Andrade, activista a favor de los adultos mayores, dice: “Se protege a medias. No se toma en cuenta que la mayoría no está afiliada al IESS y que gran parte vive en Quito”. Pero esta afirmación sobre los afiliados al IESS está condicionada a la cantidad de habitantes de cada localidad y a la situación económica que viven.
Algunos sectores que pertenecen al Adulto Mayor consideran que no solamente basta con tener una nueva ley o reformarla, sino también atender situaciones como lo menciona Sonia Andrade. Se debe tomar en cuenta que “el 70% de los adultos mayores no accede a la seguridad social y, por tanto, a una pensión; la situación se agrava por las dificultades para recibir atención en la mayoría de los hospitales públicos, donde, en muchos casos, apenas se entrega medicación básica como paracetamol”.
Mientras tanto, sigamos entretenidos en el fútbol local e internacional.