A poco más de tres años del actual periodo administrativo, el Cabildo de Loja mantiene un balance legislativo que supera la treintena de ordenanzas aprobadas. No obstante, apenas el 40% de estas normativas presenta niveles aceptables de cumplimiento, situación que evidencia dificultades en los procesos de control y fiscalización municipal. Falta de personal sería uno de los motivos.

Situación

Cada martes los ediles lojanos sesionan para tratar proyectos o reformas de ordenanzas que beneficien al cantón.

El vicealcalde de Loja, Pablo Quiñónez Riofrío, explicó a Diario Crónica que toda ordenanza aprobada por el Concejo Cantonal pasa al despacho de la máxima autoridad municipal para su sanción. Cuando existe aprobación, el alcalde o alcaldesa dispone de un plazo de ocho días para formalizar el trámite correspondiente. Posteriormente, el documento ingresa al Registro Oficial Institucional, a la Gaceta Municipal y al portal web de la entidad, momento a partir del cual entra en vigencia.

“Las disposiciones de carácter tributario mantienen un procedimiento distinto, pues requieren publicación en el Registro Oficial nacional antes de adquirir plena validez jurídica”, afirmó.

Quiñónez Riofrío también recordó que la alcaldesa -en ese caso- puede formular observaciones totales o parciales a una propuesta normativa. Ante esa circunstancia, el Concejo tiene la facultad de ratificar el texto inicial mediante el respaldo de las dos terceras partes de sus integrantes, equivalente a ocho votos, mecanismo que permite dejar sin efecto el veto planteado.

Cifras

Durante el presente periodo administrativo, el organismo legislativo local aprobó 32 ordenanzas, incluida la normativa relacionada con la lucha contra la desnutrición crónica infantil, tratada en la sesión del martes 23 de junio de 2026.

Respecto al procedimiento parlamentario municipal, el vicealcalde señaló la existencia de vacíos normativos en la Ordenanza 046-2022, instrumento que regula la tramitación de proyectos. Según indicó, la normativa no fija un plazo máximo entre la presentación de una iniciativa y su tratamiento en primer debate. “Actualmente, las comisiones permanentes cuentan con 45 días para emitir informes técnicos luego de cada debate (primero y segundo), periodo que puede ampliarse por 20 días adicionales. Tras la elaboración del informe definitivo, la alcaldía dispone de ocho días para someter el texto a votación en una tercera sesión”, añadió.

En casos considerados urgentes, el tratamiento puede desarrollarse con mayor rapidez. La única exigencia consiste en mantener una separación mínima de 48 horas entre el primer y segundo debate. Este mecanismo suele aplicarse en temas presupuestarios, ordenanzas tributarias y otros asuntos de interés inmediato para la administración municipal.

Cumplimiento

Por su parte, el concejal Santiago Erráez Veintimilla manifestó a Crónica que las ordenanzas administrativas presentan mejores niveles de aplicación, principalmente aquellas relacionadas con predios, patentes y recaudación municipal. En contraste, iniciativas impulsadas desde el Concejo, como Marca Loja, control de ruido, senderos municipales, difusión de gacetas municipales, entre otras, registran avances parciales.

El edil atribuyó esta realidad a la insuficiencia de inspectores encargados de vigilar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en territorio.

“Alrededor del 40% de las ordenanzas registra cumplimiento y el porcentaje restante (60%) enfrenta dificultades por falta de personal destinado a regulación y control. Existe expectativa de que el incremento presupuestario previsto para este año permita fortalecer esas áreas y mejorar la ejecución de las normas, porque de nada sirve que haya decenas de normativas, pero solo están en papel”, concluyó.(I)