En la provincia de Loja, 18 menores de edad —10 varones y 8 mujeres— reciben el bono del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) destinado a hijos e hijas de víctimas de femicidio, asesinato, homicidio y violación con resultado de muerte. El beneficio intenta cubrir necesidades básicas tras la pérdida irreversible de sus progenitores.

Situación

El programa surgió el 8 de marzo de 2019 mediante el Decreto Ejecutivo 696 y fue reformado el 8 de marzo de 2022, ampliando su alcance a diferentes delitos de alta gravedad.

Actualmente, el Estado destina USD 34.836 para la atención de este grupo en Loja. El beneficio concluye cuando la persona cumple la mayoría de edad, conforme a la normativa vigente, es decir, los 18 años.

Una reforma al Decreto Ejecutivo 370 marcó un cambio significativo: el acceso al bono inicia con la presentación de la denuncia ante la Fiscalía. Antes, la asistencia dependía de una sentencia ejecutoriada, lo que prolongaba la espera de protección económica en casos de alta vulnerabilidad. Además, para acceder a la ayuda, las familias deben cumplir con requisitos técnicos y administrativos: informe social elaborado por equipos del Ministerio, verificación de orfandad por la muerte en los casos antes indicados, identificación de cuidadores legales, cuenta bancaria del responsable, copias de planillas de servicios básicos, acta de corresponsabilidad y documentación judicial del proceso.

La abogada Adriana Rogel expresó a Diario Crónica que el bono es un pequeño respaldo indispensable para hogares golpeados por la tragedia. “Muchos de esos menores pasan al cuidado de sus abuelos principalmente, quienes en su mayoría están limitados económicamente y los recursos les ayudarán a darles una mejor calidad de vida”.

En cambio, el jurista Andrés Calle, sostuvo en Crónica que el sistema requiere mayor inmediatez administrativa. “La protección económica debería activarse con rapidez tras la denuncia, ya que el tiempo de espera profundiza la vulnerabilidad emocional, social y económica de la niñez afectada por muertes violentas”.También sugiere que el monto por cada niño debería al menos ser un sueldo básico mensual y para evitar el mal uso de los dineros del Estado, llevar el control de los gastos en esa familia.(I).