Efraín Borrero Espinosa

La Junta Militar de Gobierno integrada por Ramón Castro Jijón, Marcos Gándara Enríquez, Luis Cabrera Sevilla y Guillermo Freile Posso, dictó el Decreto Supremo No. 2831 que tuvo por objeto suprimir un complejo entramado de más de setecientos sesenta y cuatro microimpuestos a nivel nacional. Esto ocurrió el cuatro de diciembre de 1964.

En uno de los considerandos se lee: “Este primer paso consiste en desgravar a la producción agrícola, pecuaria y artesanal, así como también a la movilización y distribución de artículos alimenticios, de manufactura de la pequeña industria y de materias primas y de productos semielaborados provenientes de la agricultura, ganadería y avicultura internas”.

Estos tributos fueron generados a nivel fiscal y por los gobiernos municipales, afectando desproporcionadamente a la comunidad rural y trabajadora; es decir, el centralismo y las tasas locales se encargaron de asfixiar la economía familiar de los pequeños productores.

Para que los ecuatorianos nos informemos adecuadamente sobre el contenido de ese Decreto, la Junta miliar dispuso una amplia difusión por todos los medios de comunicación, incluyendo la publicación de un folleto de bolsillo en cuya portada se lee “Una Ley en favor de los humildes”, que por miles circulaba en todo el territorio nacional. En la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, en la que cursaba mi primer año de estudios, había suficientes ejemplares. 

La prensa escrita de la ciudad de Loja reflejó la supresión de esos microimpuestos reportando tanto el júbilo de los centros agrícolas como la preocupación de las municipalidades lojanas por la eliminación de tasas locales. El periódico capturó el impacto de la medida en el comercio rural, destacando la transición hacia un mercado de alimentos más libre en la región.

No cabe duda que la Junta Militar buscaba legitimarse socialmente mediante estas reformas de corte populista y de justicia fiscal, sumadas a la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización que se expidió en el país el once de julio de ese mismo año, que abolió definitivamente las formas precarias y feudales de trabajo de la región andina. Para ejecutarla creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización – IERAC-.

En cuanto a la provincia de Loja, el Decreto Supremo incidió en siete de los ocho cantones existentes legalmente hasta 1964, estos fueron: Paltas, creado en 1824, con su cabecera cantonal Catacocha, y Calvas, creado en 1824. Su cabecera cantonal original varió históricamente hasta consolidarse en Cariamanga.

Estos dos cantones, junto con el de Loja y Zaruma, también creados en 1824, fueron pilares fundacionales de la provincia, conforme la Ley de División Territorial de la República de Colombia, una normativa legal expedida por el Senado y Cámara de Representantes de la Gran Colombia el veinte y cinco de junio de 1824, con el fin de regular la estructura político-administrativa del territorio grancolombiano, dividiéndolo en doce departamentos con indicación sobre cuáles provincias y cantones pertenecían a cada uno de ellos.

Los cinco cantones restantes fueron: Celica, creado en 1878 tras independizarse del territorio de Paltas; Saraguro, legalmente elevado a la categoría de cantón en 1878; Macará, creado en 1902, sirviendo como el principal eje fronterizo del suroeste de la provincia; Gonzanamá, creado en 1943 mediante decreto del presidente Carlos Arroyo del Río, y Puyango, creado en 1947 bajo la presidencia de José María Velasco Ibarra.

El propósito del régimen fue unificar las arcas públicas y dinamizar el aparato productivo. No obstante, la vigencia histórica de este caótico sistema tributario ya había dejado secuelas profundas en las provincias, siendo Loja una de las víctimas más perjudicadas por esta dispersión fiscal. Lejos de incentivar la riqueza, la proliferación de pequeños gravámenes locales actuó como un freno punitivo sobre la producción agrícola, ganadera y comercial de la región, aislando aún más a sus comunidades.

Al examinar la geografía impositiva que detalla el Decreto, salta a la vista un vacío documental aparente: el cantón Loja no es mencionado explícitamente en el texto del cuerpo legal. Esta omisión no responde a una exoneración de la capital provincial, sino a la naturaleza misma de la recaudación y la descentralización de la época. Mientras que en el cantón Loja los tributos solían estar unificados en las rentas municipales o transferidos directamente a instituciones fiscales; las zonas rurales y periféricas sufrían la imposición directa de tasas específicas creadas para financiar obras locales puntuales.

Por consiguiente, para desentrañar la verdadera magnitud del perjuicio económico en la provincia, este análisis desplaza el foco de la capital hacia el interior, ya que fue en los siete cantones mencionados en la normativa donde se hace evidente cómo la burocracia gravó con minuciosidad asombrosa cada eslabón de la productividad local.

A través de la revisión minuciosa de los microimpuestos que pesaban sobre la producción de estas jurisdicciones, habría que reconstruir el mapa del estrangulamiento fiscal y municipal que confinó al agro lojano al estancamiento, antes de que el decreto de 1964 intentara corregir el rumbo económico de la nación.

Dado que los microimpuestos sumaban un total de sesenta y dos en nuestra provincia, considero conveniente sintetizarlos agrupándolos por categorías temáticas, a fin de permitir una visión general del asunto en cuestión.

Prácticamente todos los cantones cobraban entre uno y tres sucres por quintal de maíz, maní, cereales, arroz o legumbres. Llegaron al extremo de gravar el «bocadillo» en Gonzanamá o los huevos y aves de corral en Calvas y Celica.

El movimiento de animales pagaba tasas que iban desde un sucre por cabeza en Calvas hasta cinco sucres por res en Macará. Lo más gravoso era el comercio de pieles (res y chivo), que en Celica, Gonzanamá, Puyango, Paltas y Macará oscilaba entre uno y cinco sucres por quintal, asfixiando la incipiente industria del cuero.

Mover mercancías o personas era un lujo. Calvas cobraba por cada mula cargada; Paltas y Celica cobraban entre dos y diez sucres a los camiones que salían cargados. Celica llegó al extremo de cobrar un sucre por cada pasajero que osara viajar en carro hacia los pueblos del norte.

La madera pagaba una tasa casi fija de cincuenta centavos por pieza en Puyango, Celica, Gonzanamá y Paltas. Saraguro penalizaba su riqueza mineral cobrando veinte sucres por metro cúbico de mármol. Finalmente, Celica cobraba peaje a los artículos de primera necesidad que ingresaban desde el Perú.

Estas barreras al desarrollo productivo de los pueblos de la provincia, constituyeron parte de las adversidades que a lo largo del tiempo hemos tenido que enfrentar con valentía para supervivir y desarrollarnos. El conflicto territorial con nuestro vecino del sur; el terremoto de 1960; la sequía que asoló los campos entre 1968 a 1982, dando lugar a masivos movimientos migratorios; el terremoto de 1970; el fenómeno de El Niño en 1983 y la histórica desatención gubernamental, no han sido capaces de aplacar nuestro coraje, dignidad e hidalguía para salir adelante.

Bien vale mencionar el patriótico liderazgo de Juan de Dios Maldonado Paz, quien, conjuntamente con Clotario Cueva, Ángel Sotomayor y Marco Antonio Cevallos crearon la Junta Patriótica de Calvas, en junio de 1931, con el propósito de formar una unidad regional cuyo resultado fue lo que luego se llamó “Movimiento Patriótico de los Pueblos del Sur”, a fin de defender los legítimos derechos de los habitantes de la provincia.  

Cuánto valor y vigencia tienen las palabras expresadas por Alejandro Carrión Aguirre en su famoso discurso respecto al significado de la identidad y el «ser lojano», en el seno de la Asociación Lojana 18 de Noviembre de Quito, en el año 1979: «Nosotros hemos nacido en una tierra hermosa, rica y singular, a la que el destino ha condenado a una dura existencia, cuyo signo principal ha sido el olvido, el abandono y la distancia. Patria llena de olvidos y distancias, el Ecuador dejó a Loja vivir consigo mismo y, al no extenderle su mano grande, le dijo que solamente su esfuerzo debía valerle».

Efectivamente, los lojanos hemos labrado nuestro porvenir con coraje, decisión y dignidad para vencer las adversidades generadas por la indiferencia y apatía por parte de los poderes estatales, que han hecho del centralismo el medio para privilegiar a unos en desmedro de las justas aspiraciones y derechos de otros pueblos; por eso el centralismo es el “mal de todo Estado, vergüenza de cualquier democracia y enemigo del desarrollo”.

Cuando recordamos, por ejemplo, que como consecuencia del conflicto bélico de 1941 tuvimos que supervivir desafiando la ignominiosa política de fronteras muertas impuesta en el cordón fronterizo con el Perú; que para construir un camino carrozable entre Las Chinchas y Catacocha fue necesario el espíritu cívico de Manuel Vivanco Tinoco, Monseñor Francisco Valdivieso y Ventura Encalada, quienes alentaron el aporte de la población a través de mingas; y, que en 1859 enarbolamos la bandera del Movimiento Federal,  llegamos a la convicción de que el lojano es un ser valeroso, esforzado y capaz de propiciar desarrollo con sus propias fuerzas.