Juan Luna

Ecuador está organizado en 24 provincias, 221 cantones y cerca de 900 parroquias rurales, administrados por tres niveles de gobierno nacidos con la Constitución de 2008 y el COOTAD de 2010. Estos marcos normativos abrieron la vía a un modelo de “descentralización y autonomía territorial” que, tras más de 15 años, mantiene profundas diferencias en capacidad institucional, recursos y gestión, perpetuando una desigualdad estructural que impide consolidar un verdadero Buen Vivir.

Esta debilidad seccional tiene dos aristas. La primera es la incapacidad normativa para transformar las desigualdades históricas del Estado-nación. La segunda es la falta de liderazgo de gobernantes que, arrastrados por egos personales, caen en el conformismo del statu quo y el sueño de la reelección, convirtiendo a prefecturas, municipios y juntas parroquiales en simples centrales partidistas que al final del día terminan dilapidando los escuálidos recursos económicos.

Si bien la Constitución reconoce la igualdad de oportunidades, las condiciones reales distan del sueño de equidad. Como señala Grindle (2007), “la descentralización efectiva requiere transferencia real de poder, recursos y capacidades, no únicamente distribución formal de competencias”. Por tanto, una real descentralización tiene que venir acompañada de los recursos que le competen.

Cuando a esta brecha entre competencias y recursos se suman autoridades con desmedidas ambiciones personales, se descuida la representación y la administración. El resultado es una institución abandonada, acéfala y distante de la ciudadanía. El liderazgo débil y pretencioso vacía de contenido la autonomía y lleva la institucionalidad a una muerte lenta, donde el único perdedor es el pueblo.

En el próximo proceso electoral, los ciudadanos debemos elegir con rigurosidad. Necesitamos líderes cuyas aspiraciones estén enraizadas en la identidad del territorio, capaces de exigir al Estado lo que por ley corresponde y de gestionar con una visión de unidad, diversidad y verdadero servicio.

En este proceso electoral democrático local los ciudadanos convocados a elegir y ser elegidos debemos encontrar a esa persona, cuyas aspiraciones reales estén enraizadas en la identidad del territorio para poder exigir a al estado lo que le corresponde por ley y dotado de un liderazgo preste su servicio como gestor y administrador que logre el buen vivir, sustentado en la unidad y diversidad.

La última palabra la tiene el ciudadano, no solo al emitir su voto, sino al empezar a deconstruir la estructura que limita la acción territorial.