Luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispusiera, el viernes 17 de julio de 2026, la suspensión provisional por nueve meses del movimiento político Amigo, lista 16 —organización con la que la Revolución Ciudadana buscaba participar en las próximas elecciones seccionales tras la inhabilitación de su partido—, la dirigencia provincial aseguró que mantendrá su presencia en los comicios a través de una alianza ciudadana que anunciarán próximamente.

Situación

La directora provincial de la Revolución Ciudadana en Loja, Alicia Jaramillo, recordó que la medida frena la vía inicial que el correísmo había estructurado para inscribir a sus candidatos; sin embargo, recalcó que ya cuentan con una ruta alterna definida para garantizar su participación.

En ese sentido, detalló que competirán mediante una alianza con otras agrupaciones que les han expresado su respaldo. Aunque evitó revelar los nombres por motivos de seguridad, adelantó que las postulaciones se oficializarán dentro de los plazos del calendario electoral.

«Lo que han hecho con el movimiento Amigo es un atraco, no a este movimiento; sino a la democracia del país», manifestó Jaramillo al calificar la decisión como un golpe al sistema democrático y al derecho de participación.

Ante este escenario, hizo un llamado a los organismos internacionales, organizaciones sociales, gremios, academia y a la ciudadanía en general para unirse en defensa del derecho a elegir y ser elegidos.

De cara a los comicios del próximo 29 de noviembre de 2026, la dirigente marcó su postura frente al oficialismo: «Ni un solo voto para ADN, sus aliados y para sus camuflados».

A la par, puntualizó que, una vez superada la fase legal para la conformación de alianzas, consolidarán la inscripción de sus candidatos en Loja mediante las agrupaciones que forman parte de esta estrategia.

Denuncias

Por su parte, el asambleísta por la provincia de Loja de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, denunció ser blanco de una aparente persecución política derivada de su labor de fiscalización contra el Gobierno Nacional.

El legislador aseguró que actualmente acumula alrededor de 70 procesos legales, divididos entre denuncias en la Fiscalía y demandas de acción privada de carácter penal. Incluso, reveló que la mañana de este lunes 20 de julio recibió una nueva notificación judicial relacionada con una investigación por presunta delincuencia organizada y asociación ilícita.

Durante su labor en la Asamblea, recordó que también ha sido involucrado en una investigación vinculada al asesinato de Fernando Villavicencio y en una querella por presunto espionaje presentada por la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo.

Para el legislador, todas estas acciones buscan frenar la oposición política y silenciar sus denuncias sobre supuestos irregularidades estatales.