Un operativo de control ejecutado por agentes civiles de tránsito en la ciudad de Loja derivó en una acción de protección por presunta vulneración de derechos constitucionales. El proceso involucra al propietario de un establecimiento dedicado a la comercialización de motocicletas y a varias autoridades municipales, y continuará en segunda instancia tras la apelación presentada a la resolución de primera instancia.

Hechos

De acuerdo con el accionante, el caso se originó tras la retención de un cuadrón en los exteriores de su local comercial, ubicado en las calles 18 de Noviembre y Celica. En conversación con Diario Crónica, Vicente Ortega Hidalgo, abogado y gerente de Racing Moto, sostuvo que el vehículo se encontraba estacionado en un espacio destinado para motocicletas cuando fue retirado por una grúa durante un operativo de tránsito, pese a que —según afirmó— él se encontraba presente al momento de la intervención.

Asimismo, argumentó que el vehículo está matriculado como motocicleta, condición que —a su criterio— fue omitida durante el operativo, en el que además se habría levantado un parte por abandono del cuadrón.

La acción de protección fue presentada en contra de Diana Carolina Guayanay Llanes, alcaldesa del cantón Loja; Daniel Sempértegui Coronel, procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja; Jonathan Alejandro Bermeo Cuarán, agente civil de tránsito y jefe operativo de la Unidad de Control Operativa de Tránsito (UCOT); y del director regional en Loja de la Procuraduría General del Estado.

Respecto al avance de la causa, sostuvo que el juez aceptó la acción de protección en primera instancia al considerar que debía respetarse el debido proceso. Sin embargo, explicó que esa decisión fue apelada por los accionados, por lo que el expediente será conocido por un tribunal de segunda instancia.

El representante de Racing Moto agregó que el cuadrón permaneció retenido durante aproximadamente un mes, situación que —afirmó— ocasionó daños en la unidad y afectaciones económicas para la empresa, ya que el vehículo no podrá comercializarse como nuevo. En ese sentido, indicó que, junto con su equipo jurídico, impulsará otras acciones legales relacionadas con este caso para que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Pronunciamiento

A través de sus redes sociales, Jonathan Alejandro Bermeo, agente civil de tránsito, jefe operativo de la UCOT y uno de los accionados en el proceso, defendió el procedimiento y sostuvo que los operativos responden al cumplimiento de las funciones de control y seguridad vial que desarrolla la institución.

Señaló que estas intervenciones buscan recuperar el orden en el espacio público, fortalecer la seguridad vial y reducir la siniestralidad, especialmente la relacionada con motocicletas

«Confío en que la justicia de segunda instancia se empape del trabajo y protocolos que se hizo en todo momento con transparencia y buena fe pública como uniformado y como ciudadano de bien», dijo.

En este trámite legal, corresponderá a la justicia resolver si durante el procedimiento existió o no una vulneración de derechos constitucionales.