La Intendencia General de Policía de Loja aclaró que la Sociedad de Productores de Fonogramas (Soprofon), entidad autorizada en Ecuador para gestionar derechos conexos de productores de fonogramas destinados a la comunicación pública, no cuenta con una delegación institucional para ejecutar controles en nombre de la Gobernación o Intendencia.
Situación
La precisión surge ante denuncias de propietarios de establecimientos comerciales lojanos, que fueron visitados por colabores de esta sociedad, quienes notificaron el uso de música sin su autorización. Algunos usuarios consideran que, luego de cumplir con los permisos correspondientes, dicho cobro no debería hacerse por cuanto cualquier ciudadano puede adquirir un electrodoméstico y colocar alguna melodía. Lo más preocupante es que ellos habrían afirmado que laboran en conjunto con las dependencias de Gobernación.
De acuerdo con la normativa aplicable, Soprofon gestiona derechos relacionados con la utilización pública de fonogramas. Ante ello, es obligatorio pagar a la entidad si tienes un establecimiento comercial abierto al público y reproduces música.
Mauricio Javier Vázquez Galarza, intendente General de Policía de la provincia de Loja, explicó a Diario Crónica que ninguna disposición del Acuerdo Ministerial 0069, contempla una delegación a Soprofon para efectuar controles en representación de la Gobernación, la Intendencia General de Policía o la Comisaría del cantón Loja.
“Nosotros, a diferencia del trabajo que desarrolla este organismo, nos regimos en función del Acuerdo Ministerial 0069”, manifestó, al recalcar que dicho instrumento establece con precisión las atribuciones a cumplir.
“Dentro de nuestras competencias figuran la supervisión de establecimientos regulados, permisos y horarios de funcionamiento, además de las condiciones de los locales, control de productos caducados, entre otros”, añadió.
Exhortó a la ciudadanía a verificar directamente cualquier información relacionada con controles o procedimientos oficiales. La autoridad pidió evitar confusiones y posibles aprovechamientos derivados de información incorrecta sobre las competencias de cada organismo.(I).