Entre el discurso oficial de modernización y la realidad de planteles desatendidos, la educación pública ecuatoriana enfrenta una profunda crisis presupuestaria. El inicio de cada ciclo escolar suele prometer conectividad y capacitación, pero la práctica evidencia una brecha estructural inadmisible. Para quienes defendemos la educación fiscal, resulta inaceptable la distancia entre el gasto anunciado y la inversión real requerida para garantizar una enseñanza digna. Esta inconsistencia compromete directamente el futuro de miles de estudiantes.