La reforma a la ordenanza 083-2026 aprobada en segundo debate pretende eliminar la exigencia de legalizar previamente construcciones no autorizadas antes de transferir una propiedad. Hay criterios divididos entre corredores de bienes raíces y arquitectos, además, afirman que en el Municipio existen alrededor de 500 trámites represados.

Situación

La compraventa de propiedades con edificaciones no autorizadas construidas antes de mayo de 2016 podría dejar de estar condicionada a una legalización previa ante el Municipio de Loja. La propuesta de reforma fue aprobada en segundo debate en la sesión extraordinaria del jueves 24 de septiembre de 2026, con ocho votos a favor, y ahora pasará a la Comisión de Planificación y Presupuesto para la elaboración del texto final, previo a la votación definitiva de aprobación o archivo.

La iniciativa plantea eliminar la disposición que actualmente condiciona el traspaso de dominio a la legalización previa de construcciones no autorizadas. Durante el debate hubo confrontaciones entre ediles respecto del contenido de la reforma y sus artículos. Finalmente, la moción presentada por el concejal Yuri Yaguana Jaramillo, presidente de la comisión encargada de analizar la propuesta, obtuvo respaldo mayoritario. También el texto deberá incorporar también las observaciones y sugerencias formuladas por otros integrantes del Concejo Municipal.

El presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto explicó en Diario Crónica que la exigencia vigente ha impedido continuar con varios procesos de compraventa, debido al tiempo y los requisitos necesarios para regularizar una construcción. “Al momento entre 400 y 500 trámites permanecerían represados por efecto de esta normativa y buscamos es destrabas los inconvenientes en bien de los lojanos”, acotó.

Solución integral

Mariana Quezada, vicepresidenta de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Loja, manifestó a Diario Crónica la preocupación del gremio y de ciudadanos que afrontan dificultades para concretar operaciones inmobiliarias.

“Al momento tenemos muchos trámites rezagados por el tema de la ordenanza que justamente prohíbe el traspaso de dominio, ya que exige la regularización. Obviamente, el cliente no siempre tiene la posibilidad de esperar o también la economía para regularizar y, adicional a eso, hay mucha desinformación. Entonces, esa es nuestra preocupación y estamos trabajando desde el inicio. De hecho, nosotros hicimos la propuesta en el mes de febrero, marzo, por ahí iniciamos con este trabajo y hemos logrado una reforma, pero realmente solo ha tomado en cuenta la derogatoria y el artículo primero”, subrayó.

“Un ejemplo se refiere a que si una construcción, por ejemplo, fue construida de dos pisos, resulta que hicieron una ampliación y, al momento, como es de años, la construcción inicial no tiene planos. Entonces, el Municipio pide que vuelvan a levantar planos desde el inicio. No importa el año en que haya sido construida la propiedad; nuevamente tienen que actualizar los planos, hacerlos aprobar y, en base a eso, cobran una tasa. Luego de eso recién tienen el permiso para poder pasar a lo que es el traspaso de dominio”, añadió.

La representante gremial afirmó que este procedimiento provoca la caída de negociaciones inmobiliarias debido a los costos y al tiempo requerido para completar la regularización. También está el tema del tiempo, porque para pasar a Regulación y Control Urbano, donde se da el trámite como tal, demora seis a ocho meses. Entonces, una emergencia económica por tema de salud, por tema de remates de propiedades, no se puede solucionar.

“Nosotros, como digo, tanto como corredores de bienes raíces y, bueno, en mi caso también abogada, tenemos muchísimos casos en la oficina, afectándonos como profesionales y a la ciudadanía”, puntualizó.

Sobre la reforma aprobada, Quezada consideró que representa un avance, aunque todavía no resuelve todas las dificultades vinculadas con la normativa.

Por su parte, Edison David Brito, vocero del Colegio de Arquitectos y de la ciudadanía en general, cuestionó en Crónica el proceso de elaboración de las ordenanzas relacionadas con la planificación urbana de Loja y planteó alternativas para atender la problemática.

“En la ciudad se ha venido debatiendo durante los últimos años con un sinnúmero de cabildantes que no tienen la capacidad suficiente para elaborar estos cuerpos normativos que son de carácter técnico y legal. Todas las ordenanzas relacionadas con la planificación de Loja nos quedan debiendo y, en vez de generar soluciones, crean problemas porque lo ven solamente por el lado tributario”, manifestó.

La Ordenanza 083-2026, que comenzó en el 2024, ha demorado casi más de dos años. Quiero recordar a la ciudadanía que quien les habla, en el 2019, ya propuso una ordenanza; se debatió en primera instancia y luego desapareció.

Respecto del marco jurídico, sostuvo que existen aspectos que, a su criterio, no fueron considerados dentro de la normativa. “Todo lo que actualmente establece la 083 es de carácter ilegal. No toman en cuenta aspectos de carácter legal, como es la prescripción que actualmente recoge el Código Orgánico Administrativo, donde el Municipio, en este caso, tiene potestad de sancionar a las construcciones irregulares entre uno y cinco años”, refirió.

Además, la figura del 2016, con la aparición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo de Ecuador (LOTUS), también es un error que lo han tomado. Usted revisa en la LOTUS y no existe nada que refleje la cuestión de legalización y regularización.

“Ante ello, nosotros hemos planteado propuestas que realmente van a beneficiar a la ciudad. En vez de ir a una legalización y regularización, más bien que pueda actualizarse el catastro; que las personas, de manera individual, puedan hacer este levantamiento de las propiedades privadas, pero con la finalidad de ayudar a actualizar el catastro. Ese catastro que es tan necesario y que representa gastos de manera permanente para el Municipio, porque tienen que contratar consultorías”, concluyó.(I).

El proyecto de reforma a la Ordenanza 083-2026 fue aprobado en segundo debate una moción con 8 votos, 2 en contra y 2 ediles ausentes.