El involucramiento de menores de edad en el cometimiento de delitos despierta alertas por la forma en que son captados y el papel que podrían cumplir dentro de organizaciones criminales. La situación también genera cuestionamientos sobre la capacidad de los Centros de Adolescentes Infractores para atender a jóvenes relacionados con hechos de distinta gravedad.

Captación

Para analizar esta problemática, Patricia Gutiérrez, especialista de Derechos Humanos y Naturaleza de la Defensoría del Pueblo de Loja, explicó a Diario Crónica que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes debe analizarse en el marco del delito de trata de personas. Por ello, considera indispensable valorar la edad, las condiciones de captación y el contexto que rodeó su participación.

Entre las causas estructurales mencionó la pobreza, falta de recursos básicos, dificultades de acceso a la educación y la violencia, sumadas a los vacíos de protección familiar. En ese sentido, precisó que la captación no siempre ocurre mediante presión directa, sino a través de engaños o acercamientos afectivos que resultan atractivos para los adolescentes.

A partir de estos elementos, la representante señaló que los casos evidencian una falla sistémica: «Nos está poniendo sobre la mesa un tema de protección que no solo no está cumplido por sus progenitores o por la familia, sino también por el Estado», dijo.

Organizaciones

Bajo esa perspectiva, Geovanny Loaiza, exdirector del Centro de Adolescentes Infractores de Loja, sostuvo que las organizaciones criminales aprovechan el tratamiento diferenciado que establece la legislación para los menores de edad.

«Las bandas delictivas no ven en el menor a un miembro, ven un escudo legal», manifestó al referirse a la instrumentalización de los jóvenes. Según detalló, detrás de cada caso existen estructuras que los utilizan, un fenómeno que alcanza incluso a redes de carácter transnacional.

Sobre las condiciones internas de los centros para adolescentes en conflictos con la ley, indicó que durante su gestión identificó problemas de infraestructura, presupuesto y falta de personal especializado, como psicólogos y trabajadores sociales, factores que inciden de forma directa en los procesos de rehabilitación y reinserción.

Asimismo, advirtió que los centros no fueron diseñados para albergar perfiles vinculados a estructuras criminales complejas. A esto se suma el riesgo de la convivencia mixta entre infractores por faltas menores y jóvenes relacionados con hechos graves, lo que expone a los primeros a nuevas dinámicas delictivas.

Tratamiento

En cuanto al debate sobre posibles modificaciones normativas, Gutiérrez descartó que endurecer el régimen judicial para tratar a los menores como adultos resuelva el problema, pues una medida de ese tipo ignoraría los factores sociales, familiares y económicos subyacentes.

La especialista insistió en que la niñez y la adolescencia constituyen un grupo de atención prioritaria, por lo que la respuesta institucional debe enfocarse directamente en neutralizar las condiciones que favorecen su captación.

A la par, reveló que Ecuador cuenta con normativa e instituciones para enfrentar la trata de personas, pero advirtió limitaciones de personal especializado y la ausencia de equipos policiales de investigación en todas las provincias.

A su criterio, fortalecer estas capacidades permitiría mejorar la identificación de casos y la respuesta frente a las víctimas, recordando que la prevención exige atender las causas estructurales y no limitarse a actuar cuando los adolescentes ya han sido involucrados en hechos delictivos.

Casos

En Loja, distintos hechos registrados en 2026, muestran la participación o exposición de menores en escenarios relacionados con violencia y delitos.

• El 13 de abril, en Catamayo, un adolescente de 15 años fue identificado como presunto implicado en la muerte de un joven barbero.
• En mayo, un menor de 14 años, reportado como desaparecido, fue hallado sin vida en Villonaco; según la información del caso, ya había sido aislado en tres ocasiones por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y tenía medidas socioeducativas.
• Días después, el 22 de mayo, adolescentes fueron aprehendidos por el presunto robo de un camión en Tierras Coloradas, uno de ellos relacionado con un teléfono desde el que se habrían emitido amenazas.
• El 23 de septiembre, nuevamente en Catamayo, tres menores fueron aislados por su presunta vinculación con un grupo armado organizado. Durante el procedimiento les decomisaron armas de fuego, municiones, explosivos y otros indicios relacionados con actividades delictivas.

Ante estos casos, la Policía plantea reforzar la prevención y el acompañamiento familiar para detectar a tiempo situaciones que puedan acercar a los menores a entornos de violencia y criminalidad.

Cronidato

En Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia establece que son niños y niñas las personas menores de 12 años, mientras que quienes tienen entre 12 y 18 años son considerados adolescentes. Desde los 18 años se adquiere la mayoría de edad y, entre esa edad y los 29 años, la Constitución reconoce a las personas como jóvenes.