Un nuevo reglamento establece que las personas privadas de libertad serán clasificadas según su nivel de peligrosidad y perfil criminológico. Familiares apoyan la medida, aunque también instan que el análisis de cada uno de los reos sea minucioso.

Circunstancias

El Reglamento para la Clasificación de Personas Privadas de Libertad entró en vigencia el 30 de septiembre de 2026, tras su publicación en el Registro Oficial. La nueva normativa modifica los criterios para distribuir a los internos del sistema penitenciario ecuatoriano, priorizando su nivel de peligrosidad, perfil criminológico, comportamiento y antecedentes, antes que únicamente el delito cometido.

La abogada y exdirectora del Centro de Privación de Libertad de Loja (CPL), Sandra Jiménez Cabrera, explicó en Diario Crónica que la disposición contempla tres niveles: alta, media y baja peligrosidad. A partir de esta clasificación, las personas privadas de la libertad (PPL) serán destinadas a establecimientos que cuenten con las condiciones de seguridad correspondientes.

Señaló que quienes representen un mayor riesgo deberán ser trasladados a cárceles de alta seguridad, con controles destinados a impedir que continúen coordinando actividades delictivas desde el interior. También consideró necesario evitar que personas vinculadas con delitos graves compartan espacios con internos considerados de menor riesgo.

La jurista recordó que anteriormente la cárcel de Loja contaba con pabellones diferenciados; sin embargo, durante el día los internos coincidían en áreas comunes. “Aquella distribución no garantizaba una separación efectiva y favorecían para que cada vez haya agresiones y otros incidentes”, refirió.

También sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad, por lo que consideró indispensable establecer una clasificación acorde con el nivel de riesgo individual.

Infraestructura

Jiménez Cabrera calificó al CPL de Loja como un establecimiento vulnerable debido al hacinamiento y a las limitaciones de su infraestructura. En ese contexto, refirió que la nueva distribución podría reducir la concentración de internos considerados de alta peligrosidad.

El proceso estará a cargo de equipos técnicos integrados por abogados, trabajadores sociales, psicólogos y directores de los centros. La normativa establece un plazo inicial de ocho días para comenzar la selección y contempla un periodo máximo de 90 días para completar la clasificación y distribución.

“La evaluación considerará el comportamiento, la disciplina, los antecedentes y las características criminológicas de cada interno. Además, quienes representen un riesgo elevado y actualmente permanezcan en Loja deberán ser trasladados a establecimientos con mayores controles”, puntualizó.

Preocupación

Cecilia A, familiar de una persona privada de libertad por drogas, puntualizó en Crónica la preocupación de que los traslados se realicen sin suficiente información para las familias. “Entendemos y apoyamos que debe existir seguridad, pero también necesitamos saber dónde estarán nuestros familiares, cómo podremos visitarlos y cuáles serán las nuevas condiciones, por cuanto en los últimos tiempos han sido llevados a otras cárceles y nos enteramos cuando llegan a Cuenca, Guayaquil o Ambato”.

Por su parte, Efrén T., quien tiene a su padre detenido por intimidación, acotó en Diario Crónica, que, si la clasificación permite separar a los presos de mayor y menor riesgo, puede ser una medida positiva. “Lo que pedimos es que el proceso sea transparente y que se respeten los derechos de cada persona privada de libertad”.(I).

En Loja existen alrededor de 800 personas privadas de la libertad (PPL).