Las Dependencias Judiciales Penales y Especializadas en el Juzgamiento de Delitos relacionados con corrupción y crimen organizado dejarán de recibir nuevas garantías constitucionales para concentrarse en procesos de estas materias. La medida genera expectativas sobre una posible reorganización de competencias en otras provincias, incluida Loja.

Situación

Los jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado de Quito tienen una nueva distribución de trabajo. El Consejo de la Judicatura resolvió que las unidades judiciales penales de Iñaquito y Mariscal Sucre, el Tribunal Penal de Iñaquito y la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ya no conozcan otras garantías jurisdiccionales.

La decisión fue aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 28 de septiembre de 2026. Los nuevos habeas corpus, habeas data, acciones de protección y recursos de acceso a la información pública que se presenten en Pichincha serán sorteados entre otras dependencias judiciales, como las de materia Civil, Laboral y Familia.

Los procesos constitucionales que ya están en conocimiento de los jueces especializados no serán trasladados. Estas causas continuarán bajo su responsabilidad hasta que tengan una resolución definitiva.

El cambio busca que los juzgadores concentren sus esfuerzos en causas relacionadas con corrupción y crimen organizado, consideradas de alta complejidad. La medida fue abordada durante una reunión de trabajo entre autoridades del Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y los jueces de estas dependencias.

Capacidad

Edmundo Samaniego, juez del Tribunal de Garantías Penales y Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, aseguró que los magistrados tienen la preparación para asumir esta responsabilidad.

“Contamos con la formación académica, tenemos la capacidad ética e intelectual para asumir estas competencias”, manifestó.

El juez recordó que estos delitos ya formaban parte de las competencias que manejaban las unidades antes de 2022 y precisó que actualmente tienen procesos cuyos plazos de prisión preventiva están próximos a cumplirse.

En ese contexto, destacó el ritmo de despacho de los tribunales. Como ejemplo, dijo que una causa que estaba prevista para desarrollarse durante tres días fue resuelta en una sola jornada.

Reorganización

Para Gerónimo Ruiz, presidente del Colegio de Abogados de Loja, estos cambios responden principalmente a la carga procesal y a las necesidades de cada jurisdicción, sin que necesariamente implique contar con un magistrado para cada tipo de delito.

“No podríamos decir que tengamos jueces para cada artículo del Código Penal o jueces por cada delito”, sostuvo.

El abogado consideró que el análisis debe tomar en cuenta el número de jueces, funcionarios, causas y la capacidad de despacho diario.

Aunque la decisión anunciada corresponde a Quito, el proceso de reorganización también abre la posibilidad de que se analicen las competencias y cargas de trabajo en otras provincias.

Sobre la posibilidad de que ocurra algo similar en Loja, aclaró que esto no significa necesariamente que se vayan a abrir o cerrar juzgados especializados. A su criterio, cualquier cambio dependerá de la cantidad y complejidad de las causas que lleguen a los despachos.

“Es tema de funcionarios versus demanda de la gente”, enfatizó.

El presidente del Colegio de Abogados de Loja agregó que la existencia de una carga procesal también demuestra que los ciudadanos continúan recurriendo a la justicia para resolver sus conflictos, por lo que, el escenario preocupante sería que los jueces dejaran de recibir causas, porque eso evidenciaría una pérdida de confianza en el sistema judicial.