Por Luis Carrión Mora

En este análisis, se pretende reflexionar sobre la discriminación sufrida por el magisterio nacional, a raíz del incumplimiento de un derecho fundamental que, más de una década después, sigue siendo ignorado. Este derecho está relacionado con el pago íntegro de los fondos de reserva que, según lo estipulado en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Losca), y posteriormente en la Ley Orgánica de los Servidores Públicos (Losep), deben ser entregados a los docentes. Desde el año 2016, cuando se comenzó a entregar los formularios en las oficinas del IESS en Quito, se observó que los trámites solo se procesaban para aquellos docentes cuya dirección correspondía a Pichincha. Es lamentable señalar que, en la ciudad de Loja, las autoridades del IESS se negaban a recibir las solicitudes, impidiendo que los ciudadanos ejercieran su derecho constitucional a realizar peticiones ante las autoridades legítimamente constituidas.

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