Por Luis Carrión Mora
En este análisis, se pretende reflexionar sobre la discriminación sufrida por el magisterio nacional, a raíz del incumplimiento de un derecho fundamental que, más de una década después, sigue siendo ignorado. Este derecho está relacionado con el pago íntegro de los fondos de reserva que, según lo estipulado en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Losca), y posteriormente en la Ley Orgánica de los Servidores Públicos (Losep), deben ser entregados a los docentes. Desde el año 2016, cuando se comenzó a entregar los formularios en las oficinas del IESS en Quito, se observó que los trámites solo se procesaban para aquellos docentes cuya dirección correspondía a Pichincha. Es lamentable señalar que, en la ciudad de Loja, las autoridades del IESS se negaban a recibir las solicitudes, impidiendo que los ciudadanos ejercieran su derecho constitucional a realizar peticiones ante las autoridades legítimamente constituidas.
Lejos de tratarse de una falsa expectativa, esta situación refleja el clamor legítimo de los docentes ecuatorianos, quienes buscamos hacer valer nuestros derechos, los cuales no prescriben y que, en algún momento, se verán reconocidos como una antorcha de justicia que brillará con luz propia. Los educadores, como bien sabemos, somos conscientes de que el IESS actúa como agente de retención de los Fondos de Reserva que depositan los empleadores, en este caso, el Ministerio de Educación. De acuerdo con esto, nos acercamos a las oficinas del IESS, donde nos indicaron que debíamos registrar una hoja de ruta para viabilizar el proceso. En ese momento, la Dirección Nacional de Fondos de Reserva ya contaba con el número de docentes de todo el país que habían solicitado el pago completo de dichos fondos. Posteriormente, se nos proporcionó la documentación adicional que debía ser entregada para continuar con el trámite.
Cabe resaltar que muchos de los docentes que acudieron a estas dependencias del IESS somos adultos mayores, algunos de más de setenta u ochenta años de edad, quienes conocemos y defendemos nuestros derechos consagrados en la Constitución. La provincia de Loja ha sido una de las que ha registrado el mayor número de solicitudes, lo que ha despertado el interés de otras regiones del país. Este fenómeno motivó una reunión de alto nivel en la que participaron autoridades del IESS, como la Lcda. Cecilia Paredes, presidenta; y el Ing. Raúl Yánez, secretario de la Asociación de Profesores Jubilados y Pro-Fondos de Reserva. En esta reunión también estuvieron presentes el Ing. Santiago Encalada, director nacional de Fondos de Reserva; la Ing. Carolina Ayala, subdirectora Nacional de Fondos de Reserva; el Ing. Roberto Aguirre, subdirector nacional de Control Técnico, y la delegada de la Directora Nacional del Departamento de Fondo de Reserva.
La reunión, que se desarrolló de manera positiva, arrojó una respuesta clara ante la pregunta de cuál sería la ruta a seguir para acceder a este derecho: «Para acceder a este derecho contemplado en el Código de Trabajo, el trámite es individual. El docente deberá adjuntar a la solicitud la copia de los roles de pago de los sueldos y de los Fondos de Reserva de todos los años y de cada mes, en los cuales se detallará el monto de los fondos depositados por el patrono, en este caso, el Ministerio de Educación. El IESS estudiará lo establecido en la Losca y notificará al Ministerio de Educación».
Este proceso ha sido gestionado por cada uno de los docentes que, más allá de exigir prioridad por el derecho que nos asiste, demandamos una mayor agilidad por parte de las autoridades. La solución debe evitar los interminables trámites burocráticos que, a pesar de haber sido cumplidos, aún no se resuelven de manera eficiente. Nosotros, los educadores, hemos dedicado nuestra vida a proporcionar educación de calidad a nuestros estudiantes, muchos de los cuales hoy en día ocupan cargos de responsabilidad en diversas esferas de la sociedad. Por ello, reclamamos que las autoridades actúen con la versatilidad necesaria para resolver este asunto, evitando que el proceso sea detenido o, incluso, extraviado, como ha sucedido en ocasiones anteriores.
Finalmente, esta crónica es solo una de tantas historias que se repiten a diario, en las que los docentes nos vemos obligados a esperar durante horas, sometidos a la paciencia requerida por una burocracia ineficaz. En virtud de lo expuesto, hago un llamado respetuoso a las autoridades correspondientes para que se cumpla con este derecho de manera urgente, evitando que se nos siga sometiendo a situaciones innecesarias que solo contribuyen a dilatar lo que debería ser un trámite sencillo y justo.