La Corte Constitucional declaró como «inconstitucional» los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que castigan con prisión a la mujer que decida abortar o a la persona que le practique este procedimiento, dando paso a la despenalización del aborto en Ecuador, por ejemplo, en casos de violación aun cuando la progenitora no tenga algún tipo de discapacidad mental.

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