Marlon Severino Maldonado, agente civil de tránsito, visitó el programa Ojo Crítico, de Diario Crónica, para dialogar sobre el incremento del transporte informal, la problemática en su control y también las condiciones en las que laboran en el cantón Loja.

El funcionario resaltó que existen varios ciudadanos que han optado por usar vehículos particulares para ofrecer el servicio de movilización, lo que violenta la ley y también no prestarían ninguna garantía al pasajero. “Ha crecido considerablemente y hoy en día hablamos de alrededor de 1.100 vehículos que están realizando transporte ilegal en la ciudad”, precisó y además resaltó que estos ciudadanos afectan a quienes cuentan con un permiso de operación y estarían aportando al Estado con su pago de impuestos.

Comentó que el transporte legal debe mejorar el servicio para que la ciudadanía lo tenga como primera opción y evitar la competencia desleal. “Los operativos de control son constantes para controlar esa actividad”, aunque reconoció que no se podría eliminar debido a las difíciles condiciones económicas que vive el país, pero también se requiere garantizar seguridad a la ciudadanía. “Es importante que ellos conozcan que están incumpliendo con la ley y su reglamento y están realizando una actividad ilegal”.

Advirtió que el control es extremadamente complejo por las competencias de cada una de las entidades. “Antes de 2013, la Policía Nacional tenía la posibilidad de solicitar todos los documentos de las personas, pero luego de la entrega de competencias a los municipios, se generan ciertas limitaciones”, anunció el funcionario. “Podemos solicitar el título habilitante del vehículo y del conductor, pero de los pasajeros no podemos, y ahí se complica el trabajo de los agentes de tránsito”, sin embargo, a decir del funcionario, con la puesta en práctica de varias estrategias, se habría logrado determinar el cometimiento del delito de transporte ilegal.

Informó que durante 2022 se habrían detenido 257 conductores, y, en lo que va del presente año, serían 80 personas a quienes se les ha podido comprobar la ilegalidad. “Es un número bastante considerable por la complejidad del procedimiento para determinar el delito”, refirió, aduciendo que los usuarios del transporte ilegal no prestan ninguna colaboración a la hora de interrogar sobre el motivo de su presencia al interior de un vehículo. “Nosotros no podemos obligarles a responder si están cancelando algún valor económico por el servicio que están recibiendo”.

Asimismo, dio a conocer que en algunos barrios de la ciudad existen lugares determinados y definidos donde parquean los vehículos dedicados al transporte informal, pero que tampoco se puede desalojar sin antes verificar que se esté haciendo mal uso de la vía pública. “El Código Integral Penal (COIP) establece una sanción para retener el vehículo y una multa pecuniaria de dos salarios básicos, según el Artículo, 386”, y ratificó sobre la necesidad de fortalecer los controles a fin de darle una garantía al usuario. “Hay que fortalecer al transporte público para que la ciudadanía se sienta segura de lo que está usando”.

El funcionario explicó que como resultado de los operativos se han retenido sistemas de radio Motorola, las mismas que son usados por el transporte “pirata”, y que habrían sido entregados a las autoridades pertinentes, pero que los procesos investigativos no avanzan. “Estos sistemas les permite comunicarse entre ellos, con una central, para direccionar las carreras; nosotros hemos detenido más de 100 radios y pusimos en conocimiento de la Superintendencia de Comunicaciones, para saber cómo se ha autorizado su uso”.

Finalmente, Severino Maldonado dijo que, a pesar de la complejidad de control, se viene entregando resultados, los mismo que dependen de la colaboración de los ciudadanos para utilizar un transporte legal. (I)