María Isabel Espinosa Ortega
Directora de la Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Nacional de Loja
El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, o al menos eso señala el artículo 01 de su Constitución de la República. Bajo este modelo estatal, los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación; y, toda actividad estatal debe ir encaminada a la consecución de la justicia, equilibrando las situaciones de desigualdad estructural que afectan a personas o colectivos históricamente discriminados.
Pero, además, el calificativo de Estado de derechos, nos lleva a recordar que los derechos son productos de las luchas y procesos de reivindicación social, que no nacen de la mera voluntad política de quien ostenta el poder en un momento determinado de la historia, sino que están en constante construcción producto de los procesos de demanda social y colectiva.
Y esta es la historia de los derechos laborales en nuestro país y el mundo. Donde han sido los hombres y mujeres, de manera particular o agrupados en colectivos o sindicatos, que han permitido que hoy por hoy contemos con una legislación laboral que proclama la irrenunciabilidad de sus derechos y la protección de la clase trabajadora. Derechos que además encuentran su protección en el ámbito internacional.
Es así que Ecuador es miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1934. La OIT tiene como objetivos principales promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo, todo con miras a alcanzar la justicia y paz social. En este marco, Ecuador ha ratificado 62 convenios (55 actualmente en vigor) entre los cuales se encuentran 8 de los 10 convenios fundamentales. El último en ratificarse fue el Convenio sobre la violencia y el acoso, el número 190, del año 2019, el cual entró en vigor en mayo de 2022. Estas normas internacionales de trabajo son claves para el desarrollo de derechos laborales y son de obligatorio cumplimiento en los Estados parte, quienes deben garantizar su aplicación práctica – efecto útil – en todo el país.
Por su parte, la seguridad o protección social, es un derecho humano fundamental, reconocido no sólo en nuestra Constitución, sino en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Este derecho, tiene como fundamento la protección de todas las personas frente a posibles contingencias o riesgos de la vida y la atención de las necesidades sociales de las personas. Es por ello, que su fin máximo es asegurar la consecución de los proyectos de vida y de una vida digna en condiciones de igualdad sustancial.
Este derecho se materializa a través de la concesión de prestaciones, en metálico o en especie, que tienen por objeto garantizar el acceso a la atención médica y a los servicios de salud, así como la seguridad de los ingresos a lo largo de todo el ciclo de vida, sobre todo en caso de enfermedad, desempleo, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, maternidad, responsabilidades familiares, invalidez, pérdida del sostén de familia y en caso de jubilación o de vejez (OIT).
Conscientes de la necesidad de formar profesionales especializados capaces de ser agentes de cambio que lideren procesos en asesoría pública y privada; solución de conflictos; diseño de políticas públicas; y litigio en materia de derecho laboral y se seguridad social, la Universidad Nacional de Loja oferta la Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social, la cual es un programa académico de alto nivel, cuidadosamente construido, que brinda herramientas teóricas y practicas para transformar realidades sociales de desigualdad y exclusión.
Es una maestría presencial, que garantiza la interacción directa docentes – estudiantes, en tiempo real. Esta constituida por 12 asignaturas que se estudian en dos periodos académicos, de mayo a diciembre del 2024. Las asignaturas son impartidas por docentes de un alto perfil académico y con una destacada trayectoria profesional, como Jueces y Juezas de Altas Cortes. Al finalizar tus estudios, podrás titularte como Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, a través de un artículos profesional o de un Proyecto de titulación con componentes de investigación aplicada y/o de desarrollo.
Los graduados de nuestro programa han aportado significativamente a la sociedad a través de trabajos de investigación relacionadas con la estabilidad laboral especial reforzada para personas con discapacidad y trabajadores sustitutos; el derecho a la afiliación y la aprobación de la novedad de aviso de entrada extemporánea registrada por el empleador cuando se hayan derivado de un acuerdo arribado mediante las actas de mediación en asuntos laborales; el dictamen del Ministerio de Finanzas respecto a la contratación colectiva; el pago de la bonificación por desahucio al termino de la relación laboral por retiro voluntario; el acoso laboral en Ecuador; los derechos constitucionales laborales y los fallos de triple reiteración; la jubilación patronal; los aportes indebidos y el cierre o suspensión del RUC; el derecho a la afiliación del trabajador y su afectación en el registro de entrada al IESS sin previa fijación del objeto del trabajo, entre otros.
Mayor información: https://unl.edu.ec/posgrados/maestria-en-derecho-laboral-y-seguridad-social Postula en: https://inscripciones.unl.edu.ec/evento/detalle/217