En el contexto de las elecciones anticipadas de 2023 y en retrospectiva del período electoral de 2022, la Fundación MEGA, una organización dedicada a la promoción de los derechos de las mujeres, la participación política y la erradicación de la violencia; estableció un Observatorio Ciudadano de Violencia Política, el cual identificó tres áreas de preocupación: ataques que ponen en peligro la integridad física y la vida de las personas, violencia política motivada por cuestiones de género y manifestaciones que socavan los principios de igualdad y no discriminación. El propósito de esta iniciativa es que se cristalicen acciones correctivas dentro de las organizaciones políticas para abordar y prevenir estas formas de violencia.
Estudio
Karina Ponce Silva, integrante de la fundación, compartió en una entrevista con Diario Crónica que, en lo que respecta a los atentados contra la integridad física y la vida, identificaron un aumento. Durante el período 2022-2023, contabilizaron un total de 92 ataques dirigidos a actores políticos a escala nacional y, solo en el “corto” periodo de las elecciones anticipadas, registraron un total de 31 hechos violentos (amenazas, intimidaciones, asesinatos y secuestros). Según los datos obtenidos, estos atentados se produjeron con una frecuencia de uno cada 5 días.
Además, manifestó que las recientes elecciones fueron las más violentas en la historia del país, puesto que estuvieron marcadas por la crisis de seguridad y la falta de garantías para los políticos, especialmente en aquellos perfiles considerados de alto riesgo, como fue el caso del candidato a la presidencia asesinado, Fernando Villavicencio.
Asimismo, señaló que en lo que respecta a la violencia política de género, Ecuador ha integrado —en la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia— disposiciones que sancionan y reconocen la naturaleza de esta forma de violencia. De hecho, el cometimiento de tales actos constituye una falta electoral muy grave, con consecuencias que incluyen destitución del cargo, pérdida de derechos políticos y multas de entre 21 y 40 salarios básicos. Por lo tanto, cualquier acción que obstaculice la participación de las mujeres en la política, como limitar su adecuado desempeño en los procesos electorales, podría ser considerada una infracción electoral de gran magnitud.
También, en relación a las manifestaciones que transgreden los principios de igualdad, resaltó la importancia de respetar a todas las personas por igual. Sin embargo, según el estudio que efectuaron, evidencian un alto nivel de intolerancia política en el país, el cual se manifiesta a través de discursos de odio, lenguaje inapropiado, discriminación por vulnerabilidad y raza, y reacciones agresivas hacia aquellos que participan en estos procesos democráticos.
El informe revela que las provincias de Pichincha, Manabí, Guayas y Esmeraldas, fueron las más afectadas por actos violentos dirigidos a políticos durante las elecciones anticipadas.
Local
Karina informó que, en cuanto a Loja, destacan algunos aspectos interesantes, ya que, con el respaldo de MEGA, patrocinaron dos casos significativos: el de Yennifer López en Paltas y María Salomé Ludeña del cantón Célica. “En ambos casos, la destitución de los alcaldes fue consecuencia directa de sus acciones, y las sentencias resultantes sirvieron como precedente para aquellos alcaldes que intenten ejercer violencia política dentro o fuera del Consejo Municipal”, agregó.
Igualmente enfatizó que, ventajosamente, en Loja, no se registraron hechos criminales que hayan resultado en la muerte de políticos, como el de Agustín Intriago, exalcalde de Manta.
Problemática
La integrante de la organización expresó su preocupación por la falta de implementación de protocolos por parte de los partidos políticos para prevenir y sancionar la violencia política, y recalcó que podría atribuirse a una falta de voluntad por parte de dichas organizaciones.
Socialización
Karina aseguró que los resultados del informe fueron socializados en las instituciones electorales y entre los actores políticos, por lo que espera que se tomen los correctivos correspondientes.
De igual forma, declaró que, “el documento recoge una serie de recomendaciones a las instituciones de la función electoral como es el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como mejorar las garantías de seguridad para los candidatos de acuerdo a su perfil de riesgo y ejecutar una articulación para identificar el dinero ‘mal habido’, que existe para el financiamiento de campañas electorales y que lo hemos visto ahora con su asociación para el crimen organizado”. (I)