Luis Jiménez Tenesaca

Durante los últimos días el país ha venido sufriendo problemas de cortes de energía, afectando el quehacer diario de la ciudadanía y las actividades económicas, generando millones de pérdidas. Ha existido negligencia política y técnica de las administraciones que han estado a cargo, pero, por otro lado, también estamos sufriendo un estiaje no visto hace décadas que ha imposibilitado la generación de energía mediante los generadores hidroeléctricos. Es por eso que el país debe generar políticas públicas hacia una nueva forma de energía que sea sustentable.

La transición hacia fuentes de energía sostenible es un desafío crítico en la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de un desarrollo económico inclusivo. Para este fin, la implementación de políticas públicas efectivas es fundamental.

Para la formulación de políticas públicas es importante es realizar un diagnóstico exhaustivo del estado actual del sector energético. Esto incluye evaluar la matriz energética del país, identificando las fuentes de energía predominantes (fósiles, renovables, etc.), también se debe analizar el consumo energético y las tendencias de crecimiento, al igual que identificar problemas como la contaminación, la dependencia de combustibles fósiles y la falta de acceso a energía en áreas rurales.

Basándose en el diagnóstico, es esencial definir objetivos claros y medibles. Algunos de estos objetivos pueden incluir, aumentar la participación de las energías renovables en la matriz energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover la eficiencia energética, asegurar el acceso a energía limpia y asequible para toda la población.

La participación activa de diferentes actores es crucial para el éxito de las políticas energéticas. Para lo cual, se deben involucrar gobiernos locales y nacional para formular y ejecutar las políticas, también se debe involucrar al sector privado como empresas energéticas, fabricantes de tecnologías limpias y emprendedores, al igual que las organizaciones no gubernamentales para atraer a la sociedad civil y promover la sostenibilidad.

Las políticas deben articularse mediante estrategias concretas y regulaciones claras. Algunas posibles estrategias podrían ser los incentivos fiscales y financieros, mediante subsidios y reducciones fiscales para las inversiones en energía renovable. También las normativas de eficiencia energética y estándares para la construcción y operación de infraestructuras, la vez programas de educación y concienciación e informar a la población sobre la importancia de la energía sustentable y el ahorro energético.

La ejecución de políticas públicas requiere un plan claro que detalle los pasos, recursos y cronogramas necesarios. Adicionalmente, es crucial establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan:

Para que una política pública tenga éxito, es importante su control y monitoreo, por eso es importante medir el progreso hacia los objetivos establecidos, y realizar ajustes en las políticas según la efectividad de las mismas para así garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de recursos.

Generar políticas públicas para energía sustentable es un proceso multidimensional que requiere el compromiso de diversos actores y la utilización de un enfoque basado en la evidencia. El Ecuador no solo debe reducir su impacto ambiental, sino también fomentar un desarrollo económico más equitativo y sostenible. La energía sustentable no es solo una necesidad ambiental, sino una oportunidad para construir un futuro más limpio y próspero.