El presidente de EE. UU., Donald Trump, escaló su ofensiva contra la Universidad de Harvard luego de que esta se negara a cumplir con sus exigencias relacionadas con las políticas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI) y el manejo de denuncias de antisemitismo. La administración estadounidense congeló USD 2.200 millones en fondos federales y amenazó con retirarle su estatus de exención fiscal.

Trump acusó a la institución de no actuar con firmeza frente a las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza y el acoso a estudiantes judíos. En respuesta, Harvard defendió su autonomía académica. Su rector, Alan Garber, aseguró en una carta dirigida a la comunidad universitaria que no cederán ante presiones políticas y reiteró el compromiso de la institución con la libertad académica y los derechos constitucionales.

Por su parte, la vocera de Trump, Karoline Leavitt, exigió una disculpa pública de la universidad y advirtió sobre posibles sanciones adicionales si no acceden a las demandas del Ejecutivo.

Amenaza fiscal y reacción universitaria

Una de las principales amenazas del mandatario republicano es revocar el estatus de exención fiscal de Harvard, lo que implicaría que la universidad tendría que pagar impuestos como cualquier entidad política, poniendo en riesgo los beneficios fiscales asociados a su patrimonio, valorado en más de USD 50.000 millones. Trump ha dejado claro que esta medida podría extenderse a otras universidades si no se alinean con las directrices de su gobierno.

La comunidad académica ha reaccionado con fuerza. En un editorial del consejo editorial de The Harvard Crimson, se calificaron las acciones del gobierno como “una forma de extorsión federal” y una amenaza directa contra la educación superior en EE. UU.

Además, se han denunciado detenciones de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas, lo que varios grupos defensores de derechos civiles consideran un atentado contra la libertad de expresión y los derechos fundamentales.