El denominado “racionamiento” del servicio de transporte urbano mantiene bajo debate al Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja y a la Dirección de Movilidad. Mientras el gremio justifica la medida en factores estacionales y económicos, la municipalidad cuestiona la alteración de los horarios sin una autorización previa.
La controversia escaló tras las quejas ciudadanas por el aumento en los tiempos de espera. Esta problemática afecta directamente a los usuarios que dependen del transporte público desde tempranas horas para llegar a sus trabajos y obligaciones diarias.
Situación
Durante la presentación de 16 nuevas unidades para la ciudad, la presidenta del consorcio, Johanna Ochoa, garantizó la operatividad de toda la flota. Sin embargo, aclaró que la suspensión de clases reduce la demanda, motivo por el cual entran en vigencia los cuadros de vacaciones.
A este escenario estacional se suma la presión económica por el alza constante del combustible, un factor que, según la dirigencia, vuelve indispensable la optimización de los recursos para mantener la sostenibilidad del servicio.
Respecto a los retrasos en barrios como Ciudad Victoria, la postura del consorcio apunta al grave deterioro vial en El Plateado y Puerto Seco, donde las condiciones de las calles entorpecen el flujo normal de los buses y alargan los tiempos de viaje.
Frente a este panorama, el director de Movilidad, Luis Alfonso Peña, dividió la problemática en dos aristas ante Diario Crónica. La primera se concentra en los daños de la Lateral de Paso, donde una falla geológica activa representa un peligro latente para los pasajeros.
Sobre este punto vial, el Municipio coordina acciones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tras varias inspecciones técnicas, sobre la mesa está la opción de prohibir definitivamente el paso de buses por esa zona para precautelar la seguridad vial.
El segundo eje del conflicto es netamente operativo. La Dirección de Movilidad habría detectado que el consorcio alteró los intervalos de paso de manera unilateral, obligando a los usuarios a esperar más tiempo por cada unidad.
Al tratarse de una acción fuera de los canales legales, la institución notificó formalmente al gremio la orden de normalizar el servicio. La normativa local estipula que cualquier cambio en rutas o itinerarios requiere un informe técnico vinculante de la Dirección de Movilidad.
Para determinar la gravedad de la falta, la entidad ya evalúa los reportes de la sala de monitoreo satelital. De comprobarse la infracción, el consorcio se expone a multas de hasta cuatro remuneraciones básicas unificadas.
La investigación municipal también incluirá una revisión del histórico del servicio desde 2021. El objetivo es comprobar si este recorte de frecuencias realmente se aplicaba en vacaciones anteriores para evaluar una futura regulación, bajo la premisa de que ningún cambio puede implementarse por cuenta propia.